SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) –

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha criticado este lunes la “utilización política” que hace el Gobierno de la Nación del diálogo social con empresarios y sindicatos porque, a su juicio, “no se negocia sobre objetivos comunes”, sino que “se viste de consenso lo que es imposición”.

Blanco se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado que el diálogo social “goza de muy buena salud” en Andalucía por el “gran respeto por la negociación colectiva” demostrado por el Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a la Presidencia de la Junta.

Preguntada por si la actual polarización política dificulta la negociación con sindicatos y empresarios en Andalucía, la titular de Empleo ha asegurado que son “buenos contendientes en el sentido de que no todo lo que dice el Gobierno es lo que ellos admiten”, pero ha destacado que “nos llevamos bien dentro de nuestras divergencias lógicas porque al final todos queremos lo mismo, mejorar Andalucía y la situación de los trabajadores y de las empresas”.

Frente a ello, Blanco ha lamentado que “a nivel nacional estamos asistiendo a una utilización política del diálogo social, en el que no se negocia sobre objetivos comunes, sino que se viste de consenso lo que es imposición” y ha puesto como ejemplo el abordaje de la reducción de la jornada laboral.

“POSICIÓN INAMOVIBLE” DEL GOBIERNO

“Cuando te sientas, el Gobierno ya te está diciendo hacia dónde quiere ir y esa posición es inamovible, pero eso no puede ser así, la negociación consiste en que efectivamente no es tu posición ni es la del otro, sino que se tiene que llegar a un punto intermedio de determinar acuerdos”, ha subrayado.

En su opinión, “si te sientas con la posición fijada y predeterminada y dices que si no va al Boletín Oficial del Estado (BOE), pues difícilmente se puede utilizar ese diálogo social con fines correctos porque no hay margen de alternativa”.

Por todo ello, Blanco ha concluido alertando de que “el papel de los agentes sociales ahora mismo a nivel nacional quizás está perdiendo esta legitimidad porque lo político está pesando más que el interés social”.

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 14 de noviembre, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento andaluz relativa al incremento de plantillas, salarios y condiciones laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la que, de entrada, plantea que la Cámara autonómica inste al Gobierno de la Junta a “revertir los recortes de personal que se plasman en el presupuesto 2025” y a “aumentar el presupuesto destinado a capítulo 1 de personal en hospitales, distritos y áreas sanitarias para conseguir alcanzar las ratios medias del resto de comunidades autónomas”.

Así se recoge en la primera de las reivindicaciones incluidas en esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, en la que, en segundo lugar, se plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a “aumentar las ratios de médicos, enfermeros, TCAE, administrativos y resto de categorías laborales por mil habitantes para alcanzar la media de España en un año y la media de las comunidades autónomas mejor dotadas en dos años”.

En tercer lugar, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta a “aumentar las plantillas de profesionales para cumplir con los objetivos del Pacto por la Mejora de la Atención Primaria”, es decir, “1.300 TIS –tarjetas individuales sanitarias– para médicos y enfermeras y 900 TIS para pediatras”.

De igual modo, el Grupo Socialista propone en esta PNL que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a “mejorar los salarios actuales para situarlos en la media de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus profesionales”, y que esta medida se haga “efectiva a lo largo de 2024-2025”.

Con esta iniciativa, desde el PSOE-A también quieren que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “incorporar la cuantía del Complemento al Rendimiento profesional como parte fija del salario de los profesionales”, así como a “ofrecer contratos de tres años de duración a todos los especialistas que optan a su primer contrato tras la especialidad”.

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “desarrollar una nueva política de gestión de ausencias que garantice el adecuado funcionamiento de los centros sanitarios y evite la sobrecarga actual en las plantillas” es otra de las propuestas de esta iniciativa socialista, que también plantea que la Cámara autonómica emplace a la Junta a “cumplir con los compromisos pactados con los sindicatos de Mesa Sectorial relativos a la baremación y actualización permanente de las bolsas de empleo del SAS”.

OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO

La iniciativa continúa con propuestas como que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “crear bolsas específicas para enfermeros especialistas y contratar de forma progresiva desde las mismas” –el PSOE-A quiere que esta medida esté “en marcha desde enero de 2025”–, y a “realizar convocatorias de Oferta Pública de Empleo (OPE) al menos cada dos años”.

Asimismo, el PSOE-A defenderá el jueves que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “mejorar los incentivos actuales fijados para los puestos y zonas de difícil cobertura en el plazo de seis meses y a diseñar, junto a las organizaciones sindicales, otras medidas que incentiven y faciliten el trabajo en estos puestos y zonas”.

También, que el Parlamento inste a la Junta a “garantizar el cumplimiento de las nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y profesional recogidas en el Real Decreto ley 5/2023, así como, de forma inmediata, constituir un grupo de trabajo con representantes sindicales para completar las anteriores medidas con otras específicas para la sanidad andaluza, cuyos resultados se informarán en seis meses”.

Finalmente, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “aplicar medidas de flexibilización de la jornada laboral que faciliten la conciliación de la vida personal y laboral”; a “cumplir con los compromisos firmados con sindicatos de Mesa sectorial relativos al Pacto por la Mejora de la Atención Primaria”, y “a la Carrera Profesional en el SAS”.

ANTE LOS “CONTRATOS PRECARIOS” A SANITARIOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista denuncia que “la Consejería de Salud sigue ofreciendo contratos precarios a los sanitarios, entre ellos a los 369 médicos especialistas que acabaron su formación en septiembre”, y, “mientras que esto ocurre en Andalucía, en el resto de comunidades autónomas les han ofrecido contratos de dos y tres años, provocando la intensificación de la fuga de sanitarios”, de hasta “más de 1.200 médicos y 2.000 enfermeros en los dos últimos años”, según ponen de relieve desde el PSOE-A.

En este contexto, desde el Grupo Socialista defienden que “disponer de profesionales sanitarios suficientes y de una política de personal que garantice su formación especializada y permanente, su desarrollo profesional, que consiga la máxima implicación y compromiso y que ofrezca medidas de conciliación efectivas, es una necesidad imperiosa en el SNS –Sistema Nacional de Salud– y en la sanidad pública de Andalucía”.

De igual modo, el PSOE-A pone de relieve que “las ratios de profesionales sanitarios en Andalucía están por debajo de la media del resto de comunidades autónomas”, y critica que, “en los últimos seis años, el Gobierno andaluz ha despedido a 18.000 profesionales que fueron contratados durante la pandemia y que tras la crisis sanitaria hacían funciones estructurales imprescindibles por la sobrecarga asistencial derivada de la Covid”.

Critican además desde el PSOE-A que “el Ejecutivo andaluz ha ido despidiendo a estos profesionales a la par que derivaba fondos públicos a la privada con la excusa de bajar unas listas de espera que no han dejado de crecer”, y, “en la actualidad, las plantillas están esquilmadas y los profesionales soportan una importante sobrecarga laboral”.

“La situación de los médicos es muy preocupante”, incide el PSOE-A para justificar esta iniciativa en la que, además, se alerta de que “faltan 30.000 enfermeras en Andalucía para acercarnos a la media europea”, según “denuncian los sindicatos y colegios profesionales”, y “el resto de categorías profesionales sufre también mínimos históricos”.

Finalmente, para justificar esta PNL el Grupo Socialista se apoya en el proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2025, donde, según critica, “se constata que el Gobierno andaluz seguirá recortando plantillas y potenciando la privatización de la sanidad andaluza”, de forma que, “frente a un incremento del 7% previsto para la sanidad pública se plasma” en las cuentas del año que viene un aumento “del 18% para la sanidad privada”.

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ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha cifrado los daños causados por la DANA en el municipio en una cifra cercana al millón y medio de euros (IVA aparte). Los desperfectos están localizados, en un 80%, en la zona norte y nordeste de la ciudad, es decir, en las áreas ribereñas del río Guadalhorce.

En este sentido han informado desde el Consistorio en una nota informativa, en la que precisan que las áreas que se han visto particularmente más afectadas son Santa Amalia, Número 1, Molina, El Peñón y zonas colindantes, “ya que la infraestructura y redes de evacuación de aguas tanto en el casco urbano como en el ensanche ha funcionado casi a la perfección, con solo algunos daños en unos pocos edificios municipales y transformadores eléctricos”.

El informe oficial remitido al Ministerio de Política Territorial enumera una serie de problemas causados por las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas de los días 28, 29 y 30 de octubre. La avería del transformador eléctrico y de los equipos de tres pozos de agua potable (Tomillares, Povea II y Povea III) a causa de los rayos es uno de los principales desperfectos en zona no ribereña, a lo que hay que añadir daños en seis edificios públicos locales, uno de ellos, el Edificio de Promoción de El Peñón, con importantes afecciones en el sistema de climatización.

A nivel de infraestructuras, vías rurales, caminos, aliviaderos, hay que contabilizar roturas y taponamientos en varios arroyos periféricos y en sus sistema de drenaje transversal. Concretamente, en el camino bajo de Molina (arroyo Zambrana), la gravedad ha sido mayor, ya que el desbordamiento llegó a algunas viviendas en El Peñón.

Ha sido necesario igualmente reparar areneros de cuatro arroyos y retirar arrastres, si bien los sistemas han funcionado “muy razonablemente gracias a la inversión municipal en los últimos años, que han permitido resistir el empuje de las corrientes de agua”. Los pavimentos de calles y caminos rurales también fueron muy notorios en las barriadas próximas al río y en otros puntos del municipio.

El alcalde, tras expresar su máxima solidaridad con las familias afectadas en Alhaurín de la Torre, Málaga, Andalucía y, por supuesto, en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha, donde está siendo especialmente dramático el número de fallecidos, ha mostrado su gratitud por la rapidez con que el Consejo de Ministros del Gobierno de España y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía han activado los mecanismos legales y administrativos para garantizar las ayudas urgentes a las zonas afectadas, que en ambos casos incluye a esta localidad.

En el caso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se trata de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc), mientras que a la Administración autonómica, el corresponde el llamado ‘Decreto DANA’.

EN EL DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES

Se da la circunstancia, además, de que Alhaurín de la Torre está incluido en el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños: 75 en la provincia de Valencia; uno de Albacete; uno de Cuenca, y uno de Málaga, es decir, Alhaurín de la Torre.

Según indica el Consistorio, se trata de una primera fase para particulares, empresas y autónomos en las localidades donde hubo víctimas mortales. En este sentido, el regidor destaca que el hombre fallecido en la linde entre Alhaurín y Málaga capital (Número 1) había sido rescatado, atendido e incluso auxiliado con maniobras de reanimación por el personal de salvamento y emergencias de Alhaurín de la Torre (Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Guardia Civil).

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) –

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este martes en comisión parlamentaria las líneas generales del presupuesto correspondiente a su departamento para el próximo año 2025 que se incluye en el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno del PP-A, y que se cifra en 1.938 millones de euros.

Esta cantidad asciende hasta los 3.506 millones de euros si se incluyen los recursos económicos del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) previstos para 2025, según ha precisado la Consejería en una nota.

Al inicio de la comisión, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA producida en los últimos días, el consejero ha avanzado a los grupos parlamentarios que el Consejo de Gobierno va a aprobar este martes una declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrícola tras los efectos de dicho fenómeno meteorológico.

Esta declaración, según ha explicado, insta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a determinar los municipios donde las explotaciones agrarias se han visto afectadas en mayor grado, y “nos va a permitir actuar en aquellas infraestructuras fundamentales para que el potencial agrario siga funcionando, como, por ejemplo, los caminos rurales”.

El consejero ha destacado que gracias a esta declaración de desastre natural se van a poder aprobar líneas de ayudas “para arrimar el hombro”, y también se va a actuar en todos los cauces que sean competencia de la comunidad para “recuperar su capacidad funcional”, además de arreglar todas las infraestructuras del agua que se han visto perjudicadas con motivo de esta DANA.

Sobre el presupuesto para 2025 de la Consejería de Agricultura, Fernández-Pacheco ha explicado que estos fondos permitirán “continuar reforzando el apoyo de la Junta al sector agrario andaluz, seguir apostando por la pesca de Andalucía y volver a contar con un presupuesto fuerte para respaldar una política de agua que sigue una hoja de ruta clara para afrontar la sequía basada en planificar, invertir y ejecutar”.

Asimismo, el consejero ha comentado que las cuentas de la Junta permitirán “continuar respaldando iniciativas de desarrollo rural y fijando la población al territorio al contar con un sector agrario rentable que ofrezca oportunidades a los habitantes de estas zonas”.

El titular del ramo ha reivindicado el “apoyo” que ofrece su departamento a unas áreas rurales que “son el 98% del total de los municipios andaluces”, y donde la agricultura, la ganadería y la agroindustria son “la principal fuente de empleo en buena parte de las poblaciones”, según ha destacado.

Asimismo, ha subrayado el auxilio que ofrece la Consejería a “numerosos núcleos rurales” con inversiones en depuración, abastecimiento en alta o mejora de caminos rurales; “acciones que convierten estas cuentas en un presupuesto de marcado carácter municipalista”, según ha defendido Fernández-Pacheco.

En cuanto al grado de inversión, ha destacado que “uno de cada cuatro euros que invierte la Junta se invierten en Agricultura, en Pesca, en Agua o en Desarrollo Rural”. En concreto, esta Consejería destinará 1.485 millones de euros a inversión pública en 2025, montante que supone el 25,6% del total que tiene previsto movilizar el Gobierno andaluz para este mismo fin el próximo año.

PROYECTOS HÍDRICOS

Atendiendo a los diferentes sectores que engloba la Consejería, Fernández-Pacheco ha destacado los fondos para política de agua, a la que se prevé destinar 555 millones de euros en 2025. A estos recursos económicos hay que sumar, además, la inversión prevista para mejora de sistemas de regadío en el campo andaluz que, entre otras iniciativas, incluyen el impulso del ‘Plan Parra’.

El objetivo de esta planificación es “optimizar el uso de las aguas regeneradas en las explotaciones agrícolas gracias a la conducción de estos recursos hídricos desde las depuradoras que los generan hasta zonas regables de Andalucía”.

El titular del ramo ha recalcado que “combatir los efectos de la sequía sigue siendo la principal preocupación de esta consejería, que trabajará también en 2025 por ampliar la depuración y las aguas regeneradas, mejorar el abastecimiento en alta, modernizar nuestras presas y continuar con la restauración y adecuación ambiental de cauces”.

Para el consejero, “es imprescindible seguir con el esfuerzo de ejecución de obra hidráulica” que viene realizando la Junta en los últimos años, un apuesta en la que “el canon del agua vuelve a tener un papel principal”. “Tenemos comprometido todo el canon y ejecutamos más de lo que se recauda”, ha apostillado.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA

En el caso del sector agroalimentario, el consejero ha comentado que, entre otras cuestiones, el presupuesto contemplado para 2025 se corresponde con los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC), actuaciones para mejorar caminos rurales o ayudas que respaldan la contratación de seguros agrarios y a los Grupos Operativos de Innovación de Andalucía.

Asimismo, también se contemplan fondos para apoyar iniciativas como el Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite, previsto en la provincia de Jaén; el ‘Smart Green Cube’ que se ubicará en Almería; o proyectos de innovación como ‘DemoFarm’ y ‘Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub (DIH)’.

Ramón Fernández-Pacheco ha apuntado también como prioridades de 2025 continuar fomentando la modernización de explotaciones agrarias y el relevo generacional, ámbitos que cuentan con un presupuesto global superior a los 220 millones de euros.

Por otro lado, ha comentado que las cuentas del próximo año contemplan recursos económicos destinados al Plan de Optimización de Centros del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) e inversiones para la mejora de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) que coordina la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).

Además, el consejero ha hecho hincapié en un “refuerzo en el apoyo al bienestar animal y al sector ganadero afectado por enfermedades”, en alusión al incremento del 28% que experimenta esta partida del presupuesto hasta alcanzar los 19,4 millones de euros.

Entre otros fines, se prevén fondos para ayudas de respaldo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y al mantenimiento de razas autóctonas.

PESCA Y ACUICULTURA

En relación con los fondos para el sector pesquero y acuícola de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado el crecimiento del 18,7% en las cuentas para 2025 en comparación con 2024, y ha explicado que el presupuesto de este ámbito alcanzará el próximo año los 51 millones de euros, destinados, por ejemplo, a aumentar las ayudas por paradas temporales de la flota pesquera y a “duplicar el apoyo de la Junta a inversiones relativas a los procesos de transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas”.

A modo de ejemplo de otra partida que se incrementará en el próximo ejercicio, Fernández-Pacheco se ha referido a la subida del 60% en los fondos del Plan de Diversificación Costera iniciado por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa) de Andalucía; y al aumento del 36% del presupuesto ligado a iniciativas que buscan el desarrollo sostenible de la acuicultura andaluza.

En representación de los grupos de la oposición han intervenido en esta comisión, por un lado, la diputada del PSOE-A Ana María Romero, que ha sostenido que el presupuesto para agricultura en 2025 “disminuye”, y también la parlamentaria de Vox Purificación Fernández y el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, que han coincidido en criticar el grado de ejecución de los fondos europeos vinculados a esta consejería.

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Socialista tiene previsto defender una moción el próximo jueves, 7 de noviembre, en el Pleno del Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Consejo de Gobierno a “crear un gabinete de crisis o comisión de estudio en el que estén representadas las administraciones locales, representantes de los profesionales, sindicatos y colegios profesionales que aborde la situación de crisis generada y se acuerden y puedan adoptarse con urgencia las medidas correctoras necesarias” en relación al sistema de la dependencia en Andalucía.

Así se recoge entre los 32 puntos de los que consta esta moción, consultada por Europa Press y consecuencia de la interpelación que el Grupo Socialista dirigió a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), en el Pleno anterior, relativa a política general en materia de dependencia.

De entrada, el PSOE-A plantea con esta moción que el Parlamento inste a la Junta a “adoptar las medidas necesarias y consensuadas con profesionales, entidades de usuarios y profesionales, para la mejora y agilización en la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia en Andalucía y resolución en los plazos previstos en la ley de 180 días”, es decir, “seis meses”.

En segundo lugar, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “rectificar la normativa incluida en el Decreto de Simplificación Administrativa y retirar el nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Dependencia de Andalucía conforme a las recomendaciones de profesionales, sindicatos, el Consejo Andaluz de Trabajo Social y los municipios y diputaciones”.

Por otro lado, la moción socialista propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “proceder de manera urgente a la migración de todos los expedientes pendientes de grabación en el nuevo aplicativo informático y resolver los mismos en los plazos más breves posibles”, así como a “respetar el orden de incoación de los expedientes para su resolución mediante la realización de los informes de valoración y asignación de recursos en función de la antigüedad y registro de los mismos”.

El Grupo Socialista también propone que el Parlamento inste a la Junta a “proceder a la tramitación urgente y en su orden de incoación de todas las solicitudes de revisión de grado por el agravamiento de las situaciones del estado físico o de salud pendientes de resolución”, así como a “resolver los errores de funcionamiento de la nueva aplicación informática mediante el testeo de la misma”, y a “proceder a su uso cuando dicho funcionamiento sea correcto y con garantías de seguridad y continuidad de los expedientes”.

Otras propuestas de la moción socialista son las de reclamar al Gobierno andaluz que provea “a los profesionales de la Agencia y los Servicios Sociales Comunitarios de los medios y apoyos necesarios para desarrollar su actividad en el Sistema de Atención a la Dependencia de Andalucía con calidad, eficacia y eficiencia”, así como a “reforzar la transparencia y accesibilidad a los datos, resultados y listas de acceso a la valoración o recursos” en la comunidad autónoma andaluza.

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a “rectificar la externalización o privatización de las tareas de grabación o citación de las valoraciones”, y a “proceder a su realización a través del personal propio de administración de la Agencia”, es otra de las reclamaciones de la iniciativa socialista, que igualmente quiere instar a la Junta a “incrementar el presupuesto destinado a la financiación de la dependencia en Andalucía mientras existan personas dependientes en lista de espera sin reducir sus aportaciones, pese al aumento que realice el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030”.

POR UN INCREMENTO DE PLANTILLAS

En esa línea, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “incrementar las plantillas de profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de los Servicios Sociales Comunitarios destinados a la tramitación y gestión de la dependencia en las ratios recomendadas, así como su formación y coordinación, para cumplir con los plazos de resolución y con el control y seguimiento contemplado en la ley”.

Además, el Grupo Socialista plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “modificar las medidas introducidas en la orden que desarrolla el Nuevo Procedimiento de Dependencia que aumentan el copago de los usuarios en las prestaciones por dependencia o bajan el nivel de ingresos o recursos familiares para dichos copagos y adquirir el compromiso de no incrementar las aportaciones o copago de los usuarios bajo ningún concepto”.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Otras reclamaciones de la moción socialista son las de que la Junta elimine “cualquier instrucción o recomendación que limite la asignación del máximo de horas del Servicio de Ayuda a Domicilio a los dependientes de Grado I, ya que en este momento solo se permite la asignación del mínimo, que es de 20 horas mensuales, y que se deje al criterio técnico de los profesionales”, así como que incremente “desde el 1 de enero de 2025 en un 12% el coste plaza de los centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad concertados con la Junta de Andalucía para garantizar la viabilidad de los mismos y evitar la precarización de servicios y empleos”.

Por otro lado, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “crear de manera inminente una Comisión de estudio con las entidades concertadas de servicios y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad para analizar la actual figura de concierto social y avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible, que permita su viabilidad y teniendo como posibles ejemplos la acción concertada en otras Comunidades Autónomas como Extremadura, Valencia o Aragón”.

De igual modo, la moción socialista plantea que el Parlamento inste a la Junta a “aumentar las plazas concertadas en residencias y centros de día para personas con discapacidad y para personas mayores con una dotación suficiente para ello en el presupuesto” andaluz para 2025, y a incrementar “el precio hora del servicio de Ayuda a Domicilio hasta llegar a los 18 euros” el próximo año.

Asimismo, la iniciativa del PSOE-A propone reclamar desde el Parlamento a la Junta “un impulso definitivo de la prestación de Asistente Personal con dotación económica suficiente en el presupuesto de 2025”, y, en relación a los Centros de Participación Activa (CPA) de Personas Mayores, la aprobación de “un programa de gratuidad de comedor” en los centros con “menos recursos”, y la “ampliación de instalaciones y horarios” en aquellos que “lo demandan”, además de un “programa de construcción o apertura de nuevos CPA en zonas o territorios que lo están demandando”.

Finalmente, la moción socialista pendiente de debate en el Pleno se cierra con la propuesta de instar al Gobierno andaluz a “proporcionar la formación continua y adecuada al contenido de la actividad que hayan de desarrollar los profesionales de la Agencia Andaluza de la Dependencia, así como a conocer y utilizar las herramientas técnicas y tecnológicas que hayan de emplear para ello y previamente a la implantación de cualquier nuevo sistema o aplicativo”.

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha manifestado este viernes que la catástrofe derivada del intenso temporal refleja la necesidad de mejorar la prevención y la gestión de adversidades, para “minimizar los riesgos”, así como respetar las directrices recogidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, principalmente en la ocupación de zonas inundables; y de elevar las inversiones en infraestructuras que reduzcan el impacto de fenómenos climáticos, entre ellas dando soluciones alternativas y preventivas en las zonas donde los desarrollos de urbanizaciones hayan ocupado el flujo preferente de los ríos y ramblas.

La entidad señala que pese a las trágicas situaciones de muchas familias, “las infraestructuras en la Comunidad han funcionado bien, han mitigado de manera significativa los efectos de las elevadas precipitaciones recogidas en los últimos días en su paso por Andalucía y, en muchos casos, evitado desastres mayores”.

Este evento ha subrayado, entre otras consideraciones, la importancia crucial de las infraestructuras hidráulicas en servicio, según la institución, que precisa que “el nivel previo de sequía de la cuenca ha sido, en este caso, positivo, porque ha ofrecido capacidad suficiente para retener el agua sin realizar ningún desembalse y se ha almacenado toda la lluvia caída aguas, sin incrementar los caudales de los ríos que llegan de la cuenca no regulada con las presas”.

Para la entidad, “habría que estudiar con objetividad las causas de las graves consecuencias de estas lluvias en cada zona, pero sin olvidar que nos hemos enfrentado a un episodio excepcional, que ha sido considerado la peor Dana del siglo en España”.

“Es importante recordar que el riesgo cero no existe ante fenómenos meteorológicos de esta naturaleza, pero como ingenieros aspiramos a reducirlo mejorando los sistemas de alerta temprana, la transmisión del conocimiento a la sociedad que vive en zonas inundables, el apoyo a la toma de decisiones y mediante la ejecución de infraestructuras que son necesarias para la mitigación del riesgo”.

Así, destaca que la realización de planes de gestión del riesgo de inundación que busquen su reducción es un imperativo de la Directiva Marco Europea de 2007 sobre esta cuestión. La información y la predicción hidrológica en tiempo real mediante modelos adecuados y sistemas automáticos, y también los mapas de riesgo a los que la ciudadanía tiene acceso, desempeñan un papel clave en minimizar el impacto de estos eventos.

Para la entidad de ingenieros, “este tipo de fenómenos recuerda la necesidad de dar un paso más para reducir eficazmente el riesgo y el impacto de futuras inundaciones”. “Las soluciones técnicas necesarias para ello ya están proyectadas y respaldadas por estudios exhaustivos; sin embargo, su realización depende de acuerdos y voluntad política, así como de la financiación adecuada para convertirlos en realidad”.

“En los presupuestos de las administraciones se debería reflejar una partida permanente extraordinaria para conservación y limpieza de cauces y terrenos anexos a las zonas inundables, sobre todo en las áreas cercanas a las poblaciones. Un tema importante es que esta conservación, mantenimiento y limpieza de zonas de riesgo están bajo el control o gestión de diversas administraciones, hasta cinco en algunos puntos, por lo que el trabajo común y la coordinación para costear estas actuaciones y ponerlas en marcha debe ser un tema que preocupe”, agregan.