La zona de la Alameda de Hércules de Sevilla ha vivido varios episodios que han generado una total inseguridad en la zona. Y es que un hombre extranjero de raza negra ha perseguido a una alumna de 12 años hasta la entrada de su instituto y ha acorralado en la calle a otras dos de 15 años. El agresor sexual, que está atemorizado a todo el barrio, está siendo buscado por la Policía Nacional, cuyas fuentes aseguran que está identificado y se espera que sea detenido durante las próximas horas.

Un profesor del centro de enseñanza detectó a este varón cuando acosaba a una alumna de sólo 12 años en el patio de acceso. Rápidamente, protegió a la víctima y logró expulsar a este individuo, que minutos después abordó a otras dos estudiantes del mismo centro. En esta ocasión, este inmigrante acorraló a dos jóvenes de 15 años, a las que besó en la boca y manoseó por todas las partes de sus cuerpos. Las estudiantes, en pánico, sólo pudieron zafarse del agresor cuando una patrulla de la Policía apareció por la zona, lo que motivó la huida de este hombre, al que los agentes ya tienen identificado y sobre el que se espera una detención en las próximas horas.

Estos hechos han generado un gran malestar entre los padres de los estudiantes de este centro educativo, quienes han solicitado una reunión de urgencia con la directora del Distrito Casco Antiguo para transmitirle la creciente inseguridad en la zona. La AMPA de este colegio podría acudir a la reunión en compañía de los representantes de los centros educativos de la zona, según ABC.

En concreto, las primeras actuaciones fueron llevadas a cabo por la Policía Local pero, tras ser formalizada la denuncia la noche de este pasado martes en dependencias de la Policía Nacional, el Grupo de investigación correspondiente del Cuerpo Nacional de Policía se hizo cargo del asunto, para la esclarecer los hechos ocurridos.

La Policía Nacional indaga además una presunta agresión sexual a una joven estudiante estadounidense de unos 20 años de edad. El pasado viernes 17 de enero, la joven habría sido localizada en un parque manifestando que había sido víctima de una violación.

Una red de narcotraficantes con entrenamiento paramilitar y equipada con fusiles de asalto para salvaguardar casi tres toneladas de droga. No hay que irse a otras latitudes, es el escenario que la Policía Nacional y la Guardia Civil se han encontrado en una nave de La Puebla del Río (Sevilla). Los agentes han intervenido 2.883 kilos de cocaína y cuatro armas de guerra tipo kalashnikov. Hay cuatro detenidos, tres de los cuales han ingresado ya en prisión.

La investigación dio comienzo a finales del año pasado, cuando la Policía obtuvo información que apuntaba a un grupo activo de narcos que alijaba grandes cantidades de cocaína a través del río Guadalquivir, la autopista de la droga en Andalucía.

Los agentes avanzaron en sus pesquisas y pusieron la lupa en Isla Mayor, un municipio a unos 40 kilómetros al sur de Sevilla capital, cerca del Parque Nacional de Doñana. Más concretamente, en uno de los ramales del Guadalquivir conocido como Brazo del Este. Esta zona, entre las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Coria del Río y La Puebla del Río, es conocida por la Policía y la Guardia Civil como uno de los lugares predilectos de los narcos para establecer sus guarderías de droga una vez la mercancía pasa de las narcolanchas a tierra firme.

El cerco se fue estrechando y la investigación concluyó que la organización estaba utilizando una nave de La Puebla del Río para recepcionar y almacenar grandes cantidades de cocaína, pero la Policía sabía que custodiando la droga había personas con entrenamiento paramilitar en el uso de armas de guerra.

Una vez se supo cuál era exactamente la nave utilizada se estableció un dispositivo de vigilancia. La mañana del martes 7 de enero se empezaron a observar una serie de movimientos sospechosos, con vehículos y personas entrando y saliendo del almacén. También vieron a uno de los individuos salir de la nave para patrullar la zona con un arma de guerra.

Una vez tuvieron todas las autorizaciones judiciales los agentes decidieron dar el paso definitivo. Tomando «extraordinarias medidas de seguridad» procedieron a la entrada y registro de la nave y detuvieron a dos hombres que intentaron darse a la fuga.

En el interior del almacén encontraron decenas de fardos apilados en grupos de distintos tamaños. En el suelo había dos fusiles de asalto, municionados y listos para ser utilizados. En un posterior registro se encontraron otras dos armas del mismo tipo en un contenedor. También fue decomisado un remolque utilizado para transportar embarcaciones. Los 131 fardos de cocaína incautados arrojaron un peso total de 2.883 kilogramos.

De los cuatro detenidos, tres hombres pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión, mientras que una mujer quedó en libertad con cargos atendiendo a su grado de participación en esta organización.

Este viernes, Macarena de la Palma y Pedro Gil, portavoces de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente, han pormenorizado los detalles de esta «importante» operación que ha permitido incautar un alijo «histórico», si bien han apuntado que «la lucha contra el narcotráfico continúa».

La operación se ha desarrollado de forma conjunta entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La investigación ha estado liderada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, que ha contado con el apoyo de la comisaría de Dos Hermanas (Sevilla), la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico.

La pareja de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que mantenía una «relación secreta» y que intentó asesinar al marido de ella (y amigo de él) para continuar sin «obstáculos» su romance «clandestino» se enfrenta ahora a una petición de la Fiscalía de 25 años de prisión, 13 para el hombre y 12 para la mujer.

Yésica R. F., de 38 años, que estaba casada y tenía un hijo con la víctima, mantenía a su vez una relación en la sombra con Juan Manuel M. R., de 46 años. Los hechos se remontan al 13 de julio de 2021. Según el escrito de acusación, Juan Manuel se ocultó tras unos matorrales en un «solitario» camino de Alcalá de Guadaíra cerca del puente del Dragón, utilizado «habitualmente» por la víctima para volver en moto del trabajo a casa. A las 16:25 horas, al ver pasar a su objetivo, el acusado le disparó presuntamente apuntando «al corazón», pero falló.

«Por un error de cálculo», según la Fiscalía, y dado que la víctima se encontraba en movimiento, los perdigones de la escopeta le alcanzaron en el brazo y no en zona vital, por lo que el afectado, «malherido, logró conducir su vehículo hasta la casa de su cuñada», desde donde pidió socorro. A pesar de que le dispararon a una distancia de unos cinco metros, no pudo ver al agresor, escondido entre la maleza.

Tras los hechos, los dos acusados estuvieron «en permanente contacto», intercambiándose mensajes de WhatsApp y planeando un segundo intento para acabar con la vida del marido, pero el plan no se materializó.

Tras dejar un reguero de evidencias a la Policía, fueron detenidos el 6 de agosto de 2021. En el maletero del coche de José Manuel, que carecía de licencia de armas, se encontró una escopeta de caza con un cartucho en la recámara lista para disparar. También se halló un machete, una peluca y un pasamontañas. Ambos ingresaron en prisión provisional, aunque salieron a los cuatro meses con una orden de alejamiento respecto a la víctima.

Según el escrito de acusación, avanzado por Diario de Sevilla, José Manuel está diagnosticado de «trastornos mentales del comportamiento» por su adicción a las drogas, especialmente a la cocaína, pero «sin que ello afecte a su capacidad cognitiva». Sabía lo que hacía, si bien su toxicomanía pudo afectar sus «facultades volitivas».

La Fiscalía reclama para el acusado 12 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro año más por un delito de tenencia ilícita de armas. Para la mujer pide 12 años de prisión por el primero de los delitos. El Ministerio Público solicita también una orden de alejamiento sobre la víctima por un periodo de 10 años. Está previsto que el juicio arranque el próximo día 22 en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

El acusado de saltarse un paso de peatones y atropellar mortalmente a una bebé de 11 meses en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) ha admitido los hechos en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia de Sevilla. Ha negado que fuese drogado al volante, pero sí reconoce que consumió la noche previa. José Manuel V. V., conocido en su pueblo como El Vara, huyó del lugar del accidente y luego dio positivo en cocaína, cannabis, morfina y monoacetilmorfina (heroína). La Fiscalía reclama para él nueve años de cárcel.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2020, sobre las 15:30 horas, cuando el acusado adelantó un vehículo retroexcavadora a «velocidad excesiva» sin darse cuenta de que unos metros más adelante, en la avenida Antonio Machado, una mujer y su hija de 11 meses cruzaban un paso de cebra. El coche golpeó «con gran violencia» a la mujer y al carrito de bebé, causando lesiones críticas a la menor, que falleció horas después por traumatismo craneoencefálico y raquimedular severo. El inculpado se dio a la fuga y posteriormente dio positivo en distintas sustancias que lo incapacitaban para una «normal conducción», según el escrito de acusación.

En el juicio celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia, el acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, ha explicado que el día del atropello cogió su coche para reunirse con su padre e ir juntos a trabajar, tal como habían hecho por la mañana. Ha declarado que ese día no tomó drogas, algo que sí hizo la noche anterior, sobre las 22:30 horas, cuando consumió «una papela de cocaína y heroína de dos o tres micras y un porro» antes de dormir.

Instantes antes del atropello, según su versión, se le cayó al reposapiés un mechero que llevaba sobre la pierna, se agachó para cogerlo y al incorporarse vio que tenía delante otro coche y una retroexcavadora, por lo que invadió el carril contrario para evitar la colisión, atropellando así a la madre y a su bebé.

«Intenté esquivarla. No vi el paso de peatones y, cuando lo hice, ya estaba encima. Le di trágicamente», ha relatado el procesado, que a preguntas de su abogado ha manifestado que en ningún momento quiso «quitarse de en medio». Si abandonó el lugar de los hechos, dice, fue porque vio «mucha gente corriendo y chillando», se asustó «mucho» y decidió marcharse de allí para evitar que alguien le hiciese «daño» como represalia. «Si le pasara a mi hija no sé lo que haría yo», ha añadido. Acto seguido se dirigió a la vivienda de su padre y, una vez allí, le contó lo sucedido y le pidió que «llamase al 112 y a la Guardia Civil». Fue detenido «15 minutos» después.

El acusado ha señalado que asume la responsabilidad de su «negligencia» y la pena que le pueda corresponder, pero ha recalcado que circulaba a unos 50 kilómetros por hora, merced a la regulación de la vía urbana, y no sufría «ninguna» merma de sus facultades para conducir. También ha asegurado que no asimila lo sucedido, que está «arrepentido» y que sufre «mucha ansiedad», motivo por el que ha tenido que recibir tratamiento psicológico en prisión.

La madre de la bebé, que sufrió múltiples lesiones en el atropello, ha explicado que el acusado no paró en ningún momento. «Esto es como volverse loco. Esto no lo aguanta nadie», ha relatado visiblemente afectada ante el tribunal, al que ha confesado que, a consecuencia de la trágica muerte de su hija, se ha agravado física y mentalmente la invalidez que ya tenía reconocida. También ha apuntado que, tras los hechos, el procesado no ha pedido perdón a su familia «por ningún medio».

De otro lado, han testificado varios vecinos del municipio que presenciaron los hechos, coincidiendo todos ellos en que el acusado circulaba «deprisa», a unos «70 u 80 kilómetros por hora», con el motor «muy revolucionado», y que no frenó ni antes ni después del atropello, sino que «prosiguió» su marcha, incluso «acelerando». Uno de ellos, además, ha destacado el historial delictivo de José Manuel V. V.

La Fiscalía le atribuye en su escrito inicial de acusación un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, uno de lesiones por imprudencia grave, uno contra la seguridad vial y otro de abandono del lugar del accidente, reclamando para él nueve años de cárcel y 11 de privación del permiso de conducir.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un año y seis meses de prisión a Antonio Manuel Suárez, ex alcalde de Valencina de la Concepción (Sevilla) por el PSOE, por un delito de prevaricación administrativa por omisión al permitir la actividad de un asador sin licencia que regentaba el hermano de un concejal socialista. En el juicio, el ex alcalde responsabilizó a un arquitecto municipal ya fallecido. Suárez también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 2.160 euros.

Las obras de construcción de la nave, que pasó luego a ser un asador, se llevaron a cabo en suelo no urbanizable, un paraje protegido como zona de significación arqueológica situado en la margen izquierda de la carretera de Valencina-Santiponce. Suárez cogió el bastón de mando en 2007, pero el 1 de mayo de 2006, según declara probado la sentencia, la Policía Local remitió un informe a la alcaldía sobre unas obras sin licencia consistentes en la bancalización del terreno mediante movimientos de tierra, construcción de una nave y colocación de una caseta de madera.

Tras este informe, el entonces concejal de Urbanismo acordó a finales de 2007 incoar un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística y otro sancionador y ordenó el cese de las obras. También solicitó al promotor de las mismas, el hermano del concejal, que presentara un proyecto redactado por un técnico competente para llevar a cabo la restauración.

A este expediente se incorporaron varios informes técnicos del arquitecto municipal, que no vio problema en conceder licencia de utilización a la nave, pero sólo como almacén de aperos y boxes para caballos. El arqueólogo municipal no consideró necesaria la aplicación de ninguna medida de protección o conservación.

En julio de 2012 se dio por finalizado el expediente por resolución dictada por el propio Suárez, que en ese momento también ostentaba las competencias de Urbanismo, «al entenderse que habían quedado legalizadas las obras e instalaciones definitivas».

Pero la Sección Primera de la Audiencia señala que un año después, en junio de 2013, el subinspector jefe de la Policía Local remitió un nuevo informe a la alcaldía en el que adjuntaba un reportaje fotográfico y una reseña catastral, poniendo de manifiesto que en ese terreno se estaba llevando a efecto «una actividad de restauración sin documentación en un establecimiento abierto al público».

Esto motivó que el alcalde, en un nuevo expediente, dictara el 14 de junio una resolución ordenando la suspensión cautelar de sus actividades. En caso de incumplimiento, advertía, se precintarían las instalaciones y se impondrían multas coercitivas mientras durara el incumplimiento, del que se daría cuenta a la Fiscalía, pudiendo ordenar a las empresas de luz y agua que suspendieran el suministro. También pidió al arquitecto municipal que realizara la inspección de la actividad e informara al respecto.

En su informe, el arquitecto municipal concluyó que la actividad hostelera era incompatible con la ordenación urbanística e instó al alcalde a que «resolviera lo que juzgara ajustado a derecho».

No obstante, y a pesar de la orden de suspensión, los vecinos se quejaron de que la nave seguía desempeñando la actividad de restauración. El 15 de julio, un concejal remitió un escrito al alcalde señalando que el asador seguía abierto, incumpliendo las resoluciones municipales. Además, la Policía Local remitió fotografías para informar de que no sólo no se había suspendido la actividad hostelera, sino que, contraviniendo las ordenanzas urbanísticas, se estaban realizando nuevas obras sin licencia, esta vez iniciando la construcción de un cuarto.

Así que dos semanas después el entonces alcalde dictó una nueva resolución en la que además de reiterar la orden cautelar de suspensión del uso de lo construido como local de hostelería, ordenaba a la Policía Local el precinto de las instalaciones y al arquitecto municipal la inspección de las obras para valorar, de nuevo, si eran incompatibles con la ordenación urbanística y si, en ese caso, requerían un proyecto técnico.

Tanto la Policía como el arquitecto emitieron distintos informes que reflejaban otra vez obras sin licencia y acreditaban la actividad ilegal del asador, pero, según los magistrados de la Audiencia, el alcalde «no implementó de forma efectiva en el ejercicio de sus competencias las medidas correctoras que había ordenado ni ninguna otra nueva actuación tendente a que se repusiera la realidad física alterada y cesara dicha actividad».

Finalmente, «obligado» por la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2020 por «la mayoría de los funcionarios de la Policía Local», que pedían la intervención del Seprona de la Guardia Civil, Suárez acordó la incoación de un expediente. «No deja de ser significativa la reiteración en la solicitud de informes sobre aspectos que ya quedaban claros y que eran conocidos por él mismo en cuanto limitó la regularización de las iniciales obras (…) a la licencia de utilización de una nave de aperos y boxes para caballos», sentencia el tribunal.

La Fiscalía reclamaba para Antonio Manuel Suárez dos años de prisión por dos delitos de prevaricación omisiva y una multa de 3.600 euros, pero la Audiencia de Sevilla le ha impuesto finalmente un año y seis meses de cárcel y una multa de 2.160 euros.

Un inmigrante en situación ilegal se enfrenta a ocho años de prisión por un doble apuñalamiento cometido a las puertas de una discoteca del entorno urbano de Nuevo Torneo, en el distrito Norte de Sevilla capital. En su escrito de acusación, la Fiscalía expone que los hechos se remontarían al 10 de diciembre de 2022, cuando el principal acusado, M.A.R.U., un extranjero sin antecedentes penales en situación irregular en España, estaba en la puerta de la discoteca Coco Bongo, en la calle Astronomía del distrito Norte de Sevilla capital, junto a su mujer, su hijo -también encartado en la causa- identificado como A.A.R.B.A.; y los también inculpados J.C.M., M.V.M. y M.S.M., con pasaporte colombiano y sin antecedentes penales.

En ese marco, según el escrito de acusación, se produjo una discusión entre M.A.R.U. y otro cliente de la discoteca, esgrimiendo el primero una navaja con la que habría «pinchado» al segundo «en varias ocasiones, mientras con el resto de inculpados golpeaba «reiteradamente» a esta persona, siempre presuntamente y según el relato de la Fiscalía.

En el transcurso de esta agresión, según el Ministerio Público, llegó un varón en coche acompañado de su hijo y un amigo, «recibiendo un golpe» en el vehículo, del que se apeó percatándose al momento de que M.A.R.U. empuñaba una navaja «con la que amenazaba a todos», ante lo cual ordenó a su hijo que regresase al coche y avisó al principal acusado de que el muchacho era menor de edad.

Habría sido al darse la vuelta para regresar al coche, según la Fiscalía, cuando M.A.R.U. habría asestado presuntamente «una puñalada por la espalda o el lateral» a este segundo varón, toda vez que ya con el vehículo en marcha para abandonar la escena, los inculpados habrían arrojado «objetos» contra el mismo. La puñalada recibida por este segundo afectado se tradujo en lesiones que habrían puesto su vida en peligro de no haber recibido asistencia médica inmediata, según el Ministerio Público.

Dado el caso, la Fiscalía reclama un total de ocho años de prisión para M.A.R.U. por un presunto delito de lesiones agravadas por el primer apuñalamiento y otro supuesto delito más de asesinato en grado de tentativa por el segundo apuñalamiento, solicitando tres años de prisión para cada uno de los restantes encartados, por un único delito de lesiones agravadas en cada caso con relación al apuñalamiento inicial. Ello, de cara al juicio previsto contra todos ellos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, el martes y el miércoles de la nueva semana.