En la vibrante Sevilla, el mercado de alquiler se ha convertido en un tema clave para quienes buscan un nuevo hogar en la capital andaluza. Aunque el precio medio por metro cuadrado ha mostrado un alza generalizada, algunas zonas desafían esta tendencia.

En este artículo, te mostramos cuáles son los barrios más caros para alquilar en Sevilla y las razones detrás de su creciente atractivo.

¿Cuánto cuesta vivir en las zonas más exclusivas de Sevilla?

La lista de los distritos más costosos de Sevilla capital está liderada por el Centro, que, a pesar de experimentar una ligera disminución del 0,3% en su precio entre febrero y marzo, sigue siendo la zona más exclusiva. Actualmente, los inquilinos deben desembolsar una media de 12,6 euros por metro cuadrado en este animado corazón de la ciudad. Aquí, la oferta de servicios y la cercanía a los puntos de interés cultural convierten al Centro en una opción muy codiciada.

Siguiendo al Centro, Triana se posiciona como la segunda zona más cara, con un costo medio de 12,2 euros por metro cuadrado. Este barrio, famoso por su ambiente auténtico y sus tradiciones, ha logrado mantener su atractivo en el mercado del alquiler, a pesar de las fluctuaciones de precios.

Para marzo de este año, dos distritos han alcanzado la cifra de 12 euros por metro cuadrado: Nervión y el Prado de San Sebastián-Felipe II-Bueno Monreal. En este último, se ha observado un notable aumento del 1,1% en comparación con el mes anterior, lo que indica que los precios han alcanzado un récord histórico.

Los barrios más económicos de Sevilla

A pesar de que ciertos barrios de Sevilla están alcanzando precios exorbitantes, existen opciones más económicas. Un ejemplo es el área de Bellavista-Jardines de Hércules, aunque ha visto un crecimiento en sus precios, se mantiene como la más asequible, con un metro cuadrado que se sitúa en 9,3 euros. Esta zona, a menudo subestimada, ofrece un ambiente tranquilo y familiar, siendo perfecta para quienes buscan un hogar sin romper el banco.

Otro barrio destacado por su bajo costo es Cerro Amate, donde el precio promedio es de 9,4 euros por metro cuadrado. Aquí, la comunidad es acogedora y se pueden encontrar viviendas amplias a precios razonables. Finalmente, Sevilla Este, con un costo de 9,6 euros por metro cuadrado, es una opción que sigue atrayendo a muchas familias gracias a su infraestructura y servicios.

Mientras que Sevilla presenta un panorama de alquiler diverso, los precios varían significativamente entre sus distritos. Los barrios más caros, como el Centro y Triana, reflejan un estilo de vida urbano y lleno de servicios, pero también hay opciones más accesibles que pueden ofrecer calidad de vida a un precio razonable.

A partir del próximo 7 de octubre, un jurado popular enjuiciará en la Audiencia de Sevilla a un varón colombiano por matar a puñaladas a un inmigrante marroquí en un parque de la capital andaluza en 2023. La Fiscalía reclama 14 años y medio de prisión para el presunto homicida y que, una vez cumpla dos tercios de la pena, se decrete su expulsión del país, según informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En su escrito de acusación, el Ministerio Público precisa que los hechos tuvieron lugar en las primeras horas del 3 de mayo de 2023, cuando el acusado, identificado como L. J. G. B. y en situación irregular en España, se encontraba junto a otras personas en un pequeño parque de Sevilla ubicado en la confluencia de la avenida Doctor Fedriani y la calle Doctor Jaime Marcos.

Hasta allí se acercó la víctima, a la que todos conocían, para pedirles un cigarro, lo que derivó en una «violenta» discusión. Según detalla Diario de Sevilla, el fallecido era un aparcacoches marroquí de la Macarena que vivía en la indigencia y dormía en un coche. En un momento dado, el acusado «increpó a gritos» al gorrilla y le dijo que «se fuera de allí y no molestara».

Tras el incidente, ambos se marcharon del lugar, volviendo el acusado sobre las 2:00 horas y la víctima poco después. Como el gorrilla entró al parque «gritando», una de las personas que acompañaban al investigado «se acercó a él y le pidió que se fuera de allí».

En ese momento, relata la Fiscalía, el procesado se aproximó a ellos y se situó frente a la víctima. «Súbitamente y sin mediar palabra, sacó un cuchillo de entre sus ropas» y apuñaló al aparcacoches «con el propósito de acabar con su vida». Se lo clavó dos veces en el pecho y una más en la espalda. El gorrilla intentó defenderse del sorpresivo ataque, sufriendo un corte en la mano.

Con todo, huyó del parque hasta la acera contraria, donde «se desplomó», falleciendo a los pocos minutos por un shock hipovolémico (pérdida excesiva de sangre) pese a los esfuerzos de los efectivos sanitarios por salvar su vida.

Por último, el fiscal recalca que «no consta la existencia de familiares directos del fallecido ni otros unidos a éste por dependencia económica o una especial vinculación afectiva».

El juicio dará inicio el 7 de octubre con la constitución del jurado popular, la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas y la declaración del investigado. El día 8 comparecerán los testigos y el 9 lo harán los peritos.

La Fiscalía reclama para el acusado 14 años y medio de prisión por un presunto delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y solicita que se acuerde la ejecución de dos tercios de la condena en privación de libertad y la sustitución del resto por su expulsión de España.

El hombre acusado de asesinar a su pareja en Sevilla en abril de 2022 y tirar su cadáver al río Guadalquivir ha asegurado este lunes en el juicio con jurado popular celebrado en su contra en la Audiencia de Sevilla que cometió el crimen «borracho» y embargado por la «rabia» a cuenta de un ataque de celos tras descubrirle unos «chupetones» en el cuello. El procesado también ha sostenido que nunca pensó en matar a su novia, a la que quería «mucho» y con la que, dice, tenía planes de futuro.

Alfredo G. C., de 51 años y nacionalidad boliviana, vivía en situación irregular en España. Ya había sido condenado por pegar a su pareja. Según las acusaciones, el acusado y la víctima, Virginia T. G., de la misma edad y nacionalidad, mantuvieron una relación sentimental desde 2010, aunque de forma intermitente y con convivencia esporádica. El procesado, que sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel: 25 por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, tres años más por un delito continuado de estafa y un año de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer con la agravante de reincidencia.

El asesino confeso ha enmarcado el crimen en la «traición» que sintió al darse cuenta de que su pareja había estado con otro hombre. «Nunca se me pasó eso (matarla) por la cabeza. Es una desgracia», ha sentenciado el acusado, que se ha mostrado «muy arrepentido» por lo ocurrido y ha pedido perdón a la familia de la víctima.

Del día de los hechos, Alfredo G. C. ha señalado que estuvieron bebiendo una gran cantidad de cervezas en el piso de la calle Ágata alquilado a su nombre y donde convivía con la fallecida. A la vivienda acudieron tres amigos (un matrimonio y un varón más) y entre todos compraron 30 litronas de cerveza, según su relato, para celebrar una fiesta, poner música y bailar.

En un momento dado, el acusado vio que su pareja tenía marcas de «chupetones» en el cuello que él no le había hecho y, llevado por la «furia», comenzaron a discutir.

En este punto, las acusaciones señalan que la mujer le dijo que era «muy viejo y aburrido» y que prefería estar con otro hombre, con quien había pasado la noche y el día anterior. Poco después, el acusado se acercó a la víctima, que estaba sentada en una silla, y le propinó un fuerte golpe en el rostro.

Tras mediar sus amigos en la pelea, el acusado abandonó la vivienda y se marchó «a la calle», donde, junto a un amigo, bebió otras «cinco jarras» más de cerveza, según su versión. En aquellos momentos, además de «ebrio y borracho», también estaba «nervioso y con mucha rabia» por un ataque de celos, ha remarcado. Finalmente, regresó al domicilio, donde su pareja y los demás amigos seguían con la fiesta.

Fue entonces cuando ella entró en el dormitorio para «cambiarse de ropa» y él la siguió. De lo sucedido a continuación ha afirmado que no recuerda nada debido a la ingesta de alcohol. «No me acuerdo de lo que pasó», ha dicho encogiéndose de hombros.

Según la Fiscalía, en cuanto Alfredo G. C. volvió de la calle, su pareja se metió en su cuarto. Él se quedó bebiendo en el salón y cuando todos los amigos se habían quedado dormidos, «se introdujo en el dormitorio que compartía con su pareja y cerró la puerta». «Movido por los celos y por el propósito de hacer suyo el dinero que ella tenía, consciente de que pretendía abandonarlo por otro», y aprovechando además que la víctima se encontraba ebria, «de forma súbita y sorpresiva se colocó encima de ella con objeto de darle muerte, inmovilizándola al aplastarle pecho y tórax con el peso de su propio cuerpo, al tiempo que le sujetaba fuertemente el cuello para evitar que se moviese y le taponaba las vías respiratorias, bien con la mano o con la almohada, hasta producírsela en efecto por asfixia mecánica por sofocación», expone el relato de la Fiscalía.

Por su parte, el acusado ha manifestado que «nunca, para nada», quiso matar a su pareja. Según sus palabras, pensó que la víctima se había quedado «dormida» y no fue hasta la mañana siguiente cuando se dio cuenta de que estaba muerta, «entró en pánico» y se deshizo del cuerpo envolviéndolo en una sábana y arrojándolo entre unos juncos del río Guadalquivir.

Según las acusaciones, el encartado «empaquetó» su cuerpo en bolsas de basura y a la mañana siguiente echó a todos los invitados con la excusa de que quería hablar a solas con su pareja. Durante el día se deshizo de todas sus pertenencias, tirándolas a diferentes contenedores de basura, y sobre la medianoche usó una carretilla para transportar el cadáver hasta la orilla del Guadalquivir, donde lo ocultó entre unos matorrales junto al puente del Alamillo. El cuerpo sin vida de Virginia permaneció allí hasta que el presunto asesino fue detenido un par de meses después, el 21 de junio de 2022, y confesó la ubicación del cadáver, situado en el tramo del río correspondiente al barrio de San Jerónimo.

Además, el acusado se hizo con la tarjeta bancaria de la víctima, apoderándose de un total de 8.140 euros de la cuenta de su pareja en diferentes operaciones a lo largo de varias semanas, según apunta la Fiscalía. El relato de hechos del Ministerio Fiscal indica que Alfredo G. C. seguía con la relación por una mera cuestión económica, ya que ella tenía 32.000 euros en el banco por su trabajo cuidando personas en domicilios de Sevilla.

Al respecto, el procesado ha reconocido que en agosto de 2020 fue condenado a 16 meses de prohibición de comunicación y aproximación a la víctima por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, prohibición que finalizó el 23 de diciembre de 2021. Tras ello, ambos retomaron la relación y, según su versión, fue ella quien voluntariamente le dio la clave de su tarjeta bancaria porque los dos compartían esa cuenta, pese a que estaba a nombre de ella. Además, ha asegurado que antes de la ruptura previa a la condena de 2020, entre ambos habían acumulado más de 40.000 euros en esa cuenta bancaria dado que tenían pensado comprar una vivienda.

«Siguió con su vida normal»

En esta nueva sesión del juicio también ha declarado la jefa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que ha explicado cómo fue la investigación llevada a cabo para esclarecer el paradero de la víctima tras su desaparición y cómo varios testigos narraron que el acusado «siempre estaba intentando quitar» la tarjeta bancaria a la fallecida «para sacar dinero» y disponer del mismo.

También ha explicado que, tras los hechos, el inculpado habría «seguido con su vida normal, intentando quedar con mujeres y bebiendo alcohol» continuamente, además de manifestar a terceras personas que su pareja «estaba bien» para que no sospecharan de su ausencia.

Asimismo, ha descrito diferentes estrategias seguidas supuestamente por el procesado para eludir la investigación policial, como cambios en su tarjeta de teléfono móvil o el uso de un dialecto boliviano a la hora de hablar con una familiar acerca de los hechos. Tras su detención, según ha dicho la jefa del Grupo de Homicidios, el encartado confesó «espontáneamente» la autoría del crimen y condujo a los agentes al lugar donde había arrojado el cadáver.

Frialdad y premeditación

La versión del acusado contrasta con la mantenida el pasado viernes por el Ministerio Público durante la primera sesión de la vista. En sus alegaciones iniciales, la fiscal subrayó la «frialdad» y la «premeditación» con la que actuó el asesino confeso.

La acusación particular, ejercida en nombre del hijo de la víctima, censuró igualmente la actitud del procesado: «Asesinó a una mujer por el hecho de serlo, porque era mujer y se iba a ir con otro».

Tanto la Fiscalía como la acusación particular y la acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, consideran los hechos constitutivos de tres delitos (asesinato, estafa y lesiones).

Frente a ello, la defensa mantiene que el procesado debería ser absuelto puesto que el día de los hechos estuvo movido por un arrebato o un estado pasional ante los celos que le generó enterarse de que su pareja había estado con otra persona, circunstancia que considera una eximente. De manera subsidiaria, alega la atenuante por consumo de alcohol.

El caso del maltratador de Sevilla que cambió de sexo ante una condena de 15 meses de cárcel por agredir reiteradamente a su pareja ha vuelto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 después de que éste se apartara del mismo al entender que ya no era competente. A pesar de que la Fiscalía argumenta que es irrelevante quién decida sobre el caso porque no se alteran los hechos probados, la providencia del Juzgado de Instrucción nº 15 de Sevilla sostiene que Violencia sobre la Mujer es el órgano que tiene que decidir sobre el recurso presentado por la defensa de la víctima.

La perjudicada denuncia que Cándido, ahora Candy, padre de sus hijos, «dice que es mujer pero sigue haciendo su misma vida de hombre». «Se burla de la Justicia» y «se ríe de todos», lo único que quiere con esta maniobra es «no volver a entrar en prisión». La defensa de Rosa -nombre ficticio- presentó un recurso contra el auto del juez que se desentendió del caso por «fraude de ley».

Por su parte, el abogado del maltratador, condenado en firme, asegura que siempre se ha «sentido mujer» y el «único error» que ha cometido ha sido «crecer en una sociedad en la que ha estado cohibida durante mucho tiempo, sin poder expresar su verdadera condición sexual».

«El día que se aprobó la Ley Trans vio la luz al final del camino y a los 15 días de la aprobación de la misma fue al registro a cambiar su género. Ella sólo hizo realidad su deseo de convertirse en mujer y la ley por primera vez la amparó. No ha realizado este paso tan importante simplemente por librarse de la cárcel», sostiene su defensa.

De vuelta al juez de violencia de género

Ahora, tras una nueva denuncia contra Candy, en esta ocasión por violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Sevilla ha dictado una providencia con la que devuelve el caso al Juzgado nº 2 de Violencia sobre la Mujer tras el recurso presentado por el abogado de la víctima y un escrito de la Fiscalía en el que no se aclaran las competencias en este caso.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, recordemos, envió el caso a Instrucción, que a su vez lo remitió al nº 15 para que siguiese con las actuaciones. La juez consideraba que «dadas las circunstancias personales de las personas litigantes», el Ministerio Público es el que tiene que decidir dónde acaba este asunto.

Y el fiscal entiende que el cambio de sexo de un maltratador no condiciona quién lo juzga: «El cambio de órgano competente para la instrucción y el cambio de nomenclatura (violencia de género por violencia doméstica) no supone ninguna ventaja ni beneficio legal para el presunto autor, ni tampoco una merma de derechos para la víctima».

La Ley Trans establece que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la Ley contra la Violencia de Género. El caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo, que sería juzgada como violencia doméstica, según apuntan fuentes jurídicas a Efe.

Al respecto, el abogado de la denunciante viene avisando de que el cambio de sexo supone «un fraude de ley» para que el caso sea abordado por un juzgado convencional y no por uno de Violencia sobre la Mujer, con lo que ello comporta en materia de penas.

Por ello, recalca en su recurso de reposición que el artículo 46.3 de la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI dispone literalmente que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».

Una mujer nacida en Sevilla ha denunciado ante la Policía Nacional una agresión e insultos por parte de unos 15 inmigrantes ilegales refugiados en el Hotel Sandra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde llegaron hace apenas unos días trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez. En la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, la mujer explica que todo sucedió este pasado miércoles, en torno a las 21:15 de la noche, momento en el que unas 15 personas «de color negro» comenzaron a zarandear violentamente su coche al grito de «¡hija de puta!» o «¡guarra!», entre otros insultos. En la denuncia, la mujer asegura que los agresores son «los refugiados del Hotel Sandra».

Según la denuncia, todo ocurrió en la calle Plaza de la Zarzuela del municipio sevillano, cuando la denunciante se dirigía a una farmacia cercana. Entonces, unos «quince individuos de color negro» comenzaron a zarandear el coche que estaba parado frente a ella, pero este consiguió escapar. Acto seguido, y siempre según la denunciante, estos individuos se acercaron a su vehículo para comenzar a zarandearlo con fuerza con palabras tales como: «¡Hija de puta!», «¡Guarra!», «¡Siendo mujer no tienes que conducir!» o «¡Este no es tu país (pese a que ella ha nacido en Sevilla)!».

Según la denunciante, no podía acelerar porque tres de estas personas se situaron frente a su coche para que no pudiera zafarse. Debido al zarandeo al que someten al coche, la mujer denuncia haberse golpeado la frente con el espejo retrovisor. Posteriormente, por el dolor, la mujer se habría echado sobre la ventanilla de su asiento, momento en el que los tres individuos que la impedían seguir se retiran y ella aprovecha para salir de allí a toda prisa.

Según la citada denuncia, tras acelerar la mujer, estas personas la persiguen corriendo detrás del coche mientras seguían insultándola. La denunciante alega, además, que en el lugar de los hecho «olía a marihuana» porque los presunto agresores «estaban fumando porros». 

OKDIARIO Andalucía ha hablado con la mujer, que ratifica todo lo señalado en la denuncia que ha presentado ante la Policía Nacional. Además, asegura que tras presentar la denuncia, acudió a un centro médico, donde ha obtenido un parte de lesiones.

Inmigrantes en Alcalá de Guadaíra

Cabe recordar que unos 300 vecinos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se manifestaron días antes de la llegada de los inmigrantes ilegales al municipio frente al lugar donde se alojan, el Hotel Sandra. Las personas que protestaron dejaron muy claro su rechazo a la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar a más de 80 subsaharianos que han entrado irregularmente a nuestro país al municipio sevillano. El hotel, por cierto, tiene tres estrellas y un coste por noche de unos 80 euros por la habitación más barata.

«¡Ayudas sociales para los nacionales!» fue uno de los cánticos que más se repitieron en la manifestación en Alcalá de Guadaíra, municipio gobernado por el PSOE.