La Secretaría de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior ignoró varios denuncias alertando del peligro que suponía un preso acosador de penal de Sevilla II obsesionado con las trabajadoras del centro. Finalmente, este martes se cumplieron los pronósticos de los funcionarios y el preso tuvo que ser inmovilizado y aislado por agresión sexual a una funcionaria. Lo confirman desde el sindicato de prisiones ACAIP-UGT: «Este interno ya había mostrado indicios de tener cierta fijación hacia las trabajadoras del centro. Hay informes que alertaban sobre su comportamiento. Hasta la fecha, no se habían tomado medidas».

Fuentes penitenciarias describen de esta forma los momentos de tensión que se han vivido en la prisión sevillana en el día de hoy: «Los hechos se han producido durante la bajada de celdas cuando un interno que se negaba a bajar a las actividades rutinarias del día se ha abalanzado sobre una funcionaria agarrándola fuertemente de sus pechos, la trabajadora ha logrado zafarse». La agresión del preso acosador no ha terminado ahí, ha vuelto a la carga: «Sin embargo, el interno no ha depuesto su actitud y ha continuado agrediéndola a la vez que profería insultos de carácter sexual tales como «Puta, que eres muy puta, te voy a follar»» explican los funcionarios.

Según apuntan desde el sindicato, con la ayuda de otros trabajadores la situación «ha quedado controlada». El preso acosador ha sido reducido no sin esfuerzo por otros funcionarios que se han jugado el físico para detenerle y trasladarle convenientemente  a aislamiento en espera de que la dirección del centro abra la información correspondiente y tome una decisión sobre el agresor.

Se triplican agresiones a funcionarios

El sindicato ACAIP alerta de que las agresiones a los trabajadores de prisiones han aumentado de forma muy relevante en los últimos años creciendo a 508 en 2023 «más del triple» que las registradas en 2021.

Según ACAIP: «Especialmente también se ha producido un alarmante aumento de las agresiones de carácter sexual a las trabajadoras penitenciarias por parte de los internos. No se está atendiendo a las señales de alarma que se dan desde los módulos y se suele actuar una vez se ha producido el hecho».

Ignoran las denuncias

Todavía más relevante es para ACAIP-UGT el hecho de que en este suceso con el preso acosador de la prisión de Sevilla II, ni la dirección del centro, ni Instituciones Penitenciarias ni el Ministerio del Interior, hicieron caso de las denuncias de otras funcionarias sobre el mismo preso.

«Nos hemos encontrado con actitudes muy retrógradas por parte de la dirección del centro que ha menospreciado a las funcionarias que han denunciado hechos muy graves, ante los que ha costado que se tomaran medidas de seguridad preventivas», explica ACAIP.

El resultado de todo esto para el sindicato penitenciario es que la violencia entre internos y hacia los funcionarios crece si no se toman medidas a tiempo: «Ni la dirección del centro, ni la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias están valorando debidamente el riesgo que existe dentro de las prisiones, minusvalorando las alertas que llevamos tiempo lanzando y provocando una doble inseguridad en los centros ya que no solo hay un aumento de la conflictividad hacia los empleados públicos penitenciaros, sino también entre los propios internos».

Jesús Moreno, concejal socialista de Educación, Juventud, Infancia, Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y LGTBI en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), gobernado por Gabriel Santos (PSOE), ha presentado su dimisión tras protagonizar un accidente de tráfico y dar positivo en el test de alcoholemia.

El accidente tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en la calle Úbeda de la vecina localidad de Mairena del Alcor. El coche que conducía el edil colisionó con otro vehículo y la Policía Local se personó en el lugar de los hechos. Los agentes le realizaron la pertinente prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.

Aunque en un primer momento el concejal alegó que la dimisión era fruto de «motivos personales y profesionales», horas después publicó un comunicado en sus redes sociales reconociendo el accidente.

«Ya que venimos a la política a dar ejemplo, no dudé en presentar mi dimisión. Todos podemos cometer errores, lo importante es cómo se responde ante ellos», ha afirmado. Si bien sostiene que esta decisión ya la tenía en mente porque quería seguir formándose dentro de su ámbito profesional, «el principal motivo» para abandonar su cargo, remarca él mismo, ha sido que le han cazado ebrio al volante.

Antes de este segundo comunicado, el socialista esgrimió que su dimisión, adelantada por ABC, venía motivada «por motivos personales y profesionales», sin dar más detalles al respecto: «Me veo en la obligación, y con todo el dolor de mi corazón, de presentar mi dimisión». Hace justo un año que tomó posesión de su acta como concejal.

«La política, al igual que todo en la vida, trae consigo experiencias tanto buenas como malas. Yo, sin embargo, elijo quedarme con lo positivo: mis compañeros. (…) Y por último, gracias a mi alcalde, a Gabi Santos Bonilla, por su calidad humana y por saber estar en cada momento. Gracias, Gabi, por confiar en mí para continuar con tu ilusionante proyecto, espero haber estado a la altura», explicaba en su primera versión.

Nuevo suceso violento protagonizado por el narco en Andalucía. La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido este jueves en un descampado de La Puebla del Río (Sevilla) que dejó al menos una persona herida por los disparos. Los primeros indicios apuntan a que se trata de un enfrentamiento armado entre dos clanes de narcotraficantes que llevan años luchando por el control estratégico del río Guadalquivir, una de las vías de entrada a España del hachís marroquí.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en una zona de La Puebla llamada la Dehesilla del Rey, una finca en las proximidades del Guadalquivir. Sobre las 20:00 horas, varios testigos alertaron del tiroteo al 112, describiendo un fuego cruzado entre una decena de personas a bordo de cuatro vehículos. En la llamada se informaba de que de la finca provenían ruidos de «ráfagas de disparos, gritos e insultos».

La Policía Local y la Guardia Civil se personaron de inmediato en el lugar, pero lo narcos ya se había marchado. Los agentes lograron recuperar uno de los vehículos implicados, un todoterreno «totalmente tiroteado» con un arma de guerra en su interior, una carabina semiautomática MP15. También encontraron a escasos metros un arma corta del calibre 9 milímetros Parabellum. Los otros tres vehículos emprendieron su huida en dirección desconocida. El suceso dejó al menos un herido, ya que en el suelo se hallaron restos de sangre junto a una gran cantidad de casquillos de bala.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre los hechos, avanzados por Diario de Sevilla. Por el momento no hay detenidos. La primera hipótesis que manejan los investigadores, atendiendo al números de personas implicadas y las armas usadas, apunta a un enfrentamiento entra dos clanes de la zona por el control del río y su entorno. El Instituto Armado ha señalado que la investigación se encuentra en un punto muy «candente» y que aún están esclareciendo los hechos.

El Guadalquivir es un punto caliente en la lucha contra el tráfico de drogas y desde hace años las organizaciones criminales utilizan el río como autopista para sus narcolanchas. Hace escasas semanas, la Guardia Civil incautó 4.000 kilos de hachís camuflados en envoltorios de chocolatinas en dos parcelas de La Puebla del Río. En la operación se intervinieron un total de 114 fardos, 260 plantas de marihuana y dos furgonetas que habían sido robadas.

La Policía Nacional ha acabado con la banda que tenía aterrorizados a los empresarios chinos de Sevilla y media Andalucía. Los agentes han desmantelado todo el grupo que, con ayuda de un empresario magrebí «infiel» que les marcaba los objetivos, asaltaba a punta de pistola a sus víctimas cuando se desplazaban por negocios. Ya son 15 los detenidos, acusados de reunir un botín de 290.000 euros en ocho atracos violentos en Málaga, Sevilla y Cádiz.

Los miembros de esta banda de ladrones aprovechaban que los empresarios chinos se dirigían a polígonos industriales de Andalucía para cerrar operaciones de compra de textil, y les abordaban en sus vehículos en la misma vía pública o en ocasiones en mitad de la autovía, empleándose con violencia contra ellas.

La red contaba entre sus integrantes con un empresario magrebí «infiel» que mantenía una estrecha relación comercial con los perjudicados, facilitando información de primera mano acerca de las transacciones que aquellos se disponían a realizar.

El primer robo de ésta banda que atracaba a comerciantes chinos tuvo lugar en el polígono Guadalhorce de Málaga. Allí, disfrazados de policías asaltaron a la víctima con gran violencia, arrebatándole 70.000 euros en efectivo. Ese asalto daba inicio a una operación a la que, de manera progresiva, se fueron sumando otros siete atracos, todos bajo un mismo modus operandi.

Cinco de los robos esclarecidos se produjeron en la provincia de Málaga, en concreto dos asaltos en Málaga capital y tres en Antequera; otros dos en las localidades sevillanas de Estepa y Los Palacios; y uno en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La investigación, llevada a cabo de modo conjunto por agentes adscritos al Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga, investigadores de la Comisaría Local de Antequera, así como de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior en Andalucía Occidental, se centró en la identificación de los sospechosos.

Así averiguaron que todas las víctimas de los robos de la banda eran empresarios chinos con negocios emplazados en el parque empresarial de la Carretera Amarilla, en Sevilla. Los empresarios denunciaron que habían sido abordados en distintos puntos de la geografía andaluza cuando se dirigían a cerrar la compraventa de mercancía con otros negociantes compatriotas.

Balizas en los coches de las víctimas

La trama contaba con algunos integrantes con avanzados conocimientos a nivel tecnológico, encargados de colocar unos dispositivos en los vehículos de sus objetivos para conocer su posicionamiento en tiempo real, y asaltarlos en el momento más oportuno, como fueron los casos de Antequera, todos ellos perpetrados en mitad de la autovía.

El grupo criminal contaba con la connivencia de un empresario de origen magrebí que mantenía una estrecha relación comercial con los comerciantes chinos, a los que compraba mercancía regularmente, facilitando información de primera mano acerca de las transacciones que aquellos se disponían a realizar. Se daba la circunstancia que las víctimas acostumbraban a cerrar los tratos con importantes sumas de dinero en efectivo.

Con toda la información de los negociantes asiáticos, la trama preparaba una emboscada cuando aquellos se dirigían en vehículo a zonas comerciales y, para ello, los ladrones se vestían con chalecos de Policía, portando incluso armas, y se empleaban con violencia contra ellas.

«Hombres de paja»

La red también contada con una estructura bien definida y un claro reparto de funciones entre sus miembros, disponiendo con «hombres de paja» que alquilaban vehículos a su nombre para ser empleados por terceros, otros encargados de balizar los vehículos de las víctimas, y los autores materiales de ejecutar los asaltos, entre otras misiones.

En una primera fase de la operación, los agentes detuvieron a once personas por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos y realizaron nueve registros en Sevilla, Dos Hermanas y Utrera. La Policía Nacional intervino 43.540 euros en efectivo, siete vehículos, chalecos de la Guardia Civil, un dispositivo lanza-destellos, teléfonos móviles y balizas, entre otros efectos.

Investigación patrimonial

Paralelamente, el Grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos de la Comisaría Provincial de Málaga iniciaba una investigación patrimonial de los investigados y su entorno más cercano, así como de las sociedades vinculadas a estas personas.

Las diligencias practicadas se centraron en aflorar operaciones de blanqueo de capitales, mediante el análisis de las cuentas bancarias titularizadas por miembros de la trama o por sociedades que les eran vinculadas. De esta manera, se comprobó una evidente mecánica de ingresos de importantes cantidades de dinero en efectivo, en fechas compatibles con los robos investigados, para la posterior amortización de préstamos hipotecarios o personales, pago de impuestos o tributos, compra de vehículos o incluso para revertir los saldos negativos en cuentas bancarias de las empresas investigadas y vinculadas al grupo criminal.

En estas averiguaciones se sustentó la segunda fase de explotación operativa, desarrollada también en la provincia de Sevilla, practicándose media docena de detenciones y puesta a disposición judicial como presuntos autores de blanqueo de capitales.

Se practicaron otros tres registros, en Sevilla y Dos Hermanas, interviniéndose abundante documentación de interés, un vehículo y dinero en efectivo. También se ha procedido al bloqueo preventivo en cuentas bancarias de 18.804 euros.

En total han sido 15 detenidos por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras que el montante del dinero obtenido con los asaltos asciende a 290.000 euros.

La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los investigados.

La Justicia ha hablado, pero ha tardado un año y medio en hacerlo. Durante todo este tiempo, un okupa le ha quitado su piso de Sevilla a una enferma de Parkinson y a su hermano desempleado. Ahora, la juez ha dictado que el okupa abandone de inmediato la vivienda bajo la advertencia de desalojarlo y que pague las costas de la demanda.

En todo este tiempo en que la Ley le ha permitido quedarse con la vivienda de la mujer enferma, el okupa ha tenido el valor de pedirle al juez que no le desaloje porque esa era su vivienda habitual y estaba en una situación de vulnerabilidad social.

Este okupa de Sevilla, llamado F.J., también aprovechó para alquilar el piso a turistas a través de plataformas inmobiliarias y lucrarse con su «okupación». En ocasiones alquilaba las habitaciones a 40 euros al día, tal y como adelantó OKDIARIO, en otras el okupa se mudaba al ático del edificio con un colchón y alquilaba el piso entero por un buena cantidad de dinero.

Habla la víctima

Así relataba la situación Laura, la víctima, a OKDIARIO: «Ahora resulta que ha empezado a alquilarlo por una plataforma y los vecinos me avisan que lo tuvo alquilado para toda la Feria de Sevilla. Además, también me advierten que está alquilando la plaza de garaje, así que tuve que ponerle un cepo».

Laura le llama a las cosas por su nombre: «Bueno, este señor tiene varios anuncios puestos en la plataforma, todos ellos anunciando mi piso. O sea que no sólo está ocupando mi piso sino que además se está lucrando. Además, por lo que veo en las fotos me faltan muebles y no sé si los habrá vendido o qué es lo que habrá hecho».

Contrato falso

El letrado de la víctima, Manuel Huertas, apunta también que el mismo juzgado que lleva el caso, ya desalojó al mismo okupa de Sevilla cuando estaba en la misma situación, okupando el piso de enfrente al de la víctima. De hecho, lo hizo constar en sus escritos, como una larga serie de argumentos que han hecho inclinarse a la juez por dictar el desalojo inmediato del okupa

Entre esos argumentos se encuentra, que cuando la mujer enferma de Parkinson y su hermano pusieron la primera denuncia al okupa, éste esgrimió un contrato de alquiler falso para detener el desahucio inminente.

Durante todo el proceso judicial, el letrado Manuel Huertas también ha insistido en recordar que: «La situación de vulnerabilidad que no acredita el demandado, sí que la padecen mis mandantes, agravada además por la ilegal “okupación de su vivienda que viene perpetrando aquél desde hace año y medio».

Y lo ha argumenta acreditando que las víctimas  y propietarios de la vivienda okupada reciben ayudas en forma del Bono Social Eléctrico por vulnerabilidad social, que además han tenido que pagar un alquiler durante todo este tiempo que el okupa se ha quedado con su piso y además los propietarios sí están desempleados y reciben la prestación de desempleo.

Todo esto además de que la propietaria sufre un estado avanzado de enfermedad de Parkinson y su hermano, el otro propietario de la vivienda está discapacitado por culpa de haber sufrido un ictus.

Ahora, por fin, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha decretado lo siguiente: «Condeno a la parte demandada a dejar libre, expedita y a disposición de los demandantes la vivienda sita en calle Monsalves de Sevilla, con apercibimiento de lanzamiento para el caso de no verificarlo y con expresa condena en costas».

A partir de ahora queda fijar la fecha del desalojo de acuerdo con sus legítimos propietarios. Es el final de un largo periodo de angustia para Laura y su hermano. Un caso que se podrían haber ahorrado de haber habido mayor diligencia policial y judicial.