El turista neerlandés que la Audiencia de Sevilla condenó a cinco años y un día de cárcel por atacar con un machete al encargado de un bar del centro de Sevilla podrá cumplir su pena privativa de libertad en Países Bajos, aunque su defensa prevé recurrir la sentencia para que los hechos sean calificados como un delito de lesiones agravadas en lugar de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El pasado mes de enero, antes del juicio, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ya emitió un auto en el que señalaba su compromiso a que la eventual pena de prisión para el acusado, Lofti Belghanch, pudiera cumplirse en su país de origen, merced a la petición de la defensa y la no oposición de la Fiscalía.

En la sentencia emitida el pasado 24 de abril, el tribunal declara probado que sobre las 5:00 horas de la madrugada del 7 de junio de 2019, el procesado se encontraba con su pareja en el bar La Bicicletería, ubicado en la calle Feria, cuando fue expulsado por el dueño y el encargado de vigilar la entrada al local tras «fumar una sustancia extraña en el interior».

El acusado salió a la calle «alterado» y quiso entrar de nuevo al bar porque su novia se había olvidado algo dentro. Como no se lo permitieron, comenzó a golpear la puerta del local, hasta que el encargado y otras personas salieron del bar para recriminarle su actitud. La disputa fue en aumento y Lofti B. sacó de su mochila un machete de 28 centímetros (12 de empuñadura y 16 de hoja) con el que asestó dos puñaladas al encargado que intentaba calmarlo, una de ellas en la zona abdominal de abajo a arriba, que le evisceró parte de los intestinos, y otra en la ingle, según el relato de hechos probados.

La Audiencia considera que el inculpado sabía que con esos machetazos «podía acabar con la vida» del agredido, de 35 años, y a pesar de ello, siguió intentando asestarle más puñaladas. «A pesar de su estado», el encargado del bar se echó para atrás y logró esquivar una nueva agresión, tras lo cual el acusado huyó del lugar.

El hombre fue perseguido por varias personas que lograron darle alcance y conseguir tirase el arma, si bien el acusado cogió un palo para atacar de nuevo a sus perseguidores, que pudieron frenarlo.

La versión del acusado

En su comparecencia en el juicio, Lofti B., de 24 años a fecha de los hechos, defendió que por aquel entonces se encontraba de vacaciones en una zona de acampada en Huelva y «como en todos sus viajes», en su mochila lleva «elementos típicos para tal objeto», entre ellos el machete empleado en la agresión. Antes de volver a su país, hizo noche en Sevilla, donde dio un paseo nocturno con su entonces pareja y entraron al bar La Bicicletería.

Según su tesis, ni él ni su novia consumieron sustancias estupefacientes dentro del bar y fueron expulsados por una confusión. El acusado alegó que intentó regresar al interior del local para recuperar sus pertenencias, entre ellas su pasaporte, suscitándose una discusión con los empleados del establecimiento, que le habrían golpeado con una piedra en la cabeza, ocasionándole una herida que requirió puntos de sutura.

El acusado, siempre según su tesis, se vio rodeado de de hasta cuatro personas y fue entonces cuando empuñó el machete e hizo un movimiento «aleatorio» con él, alcanzando a la víctima pero sin intención de matar.

Pero el tribunal desestima este extremo al tener en cuenta «la utilización de un machete de grandes dimensiones y la forma de ejecución de las puñaladas»: una de ellas afectó a la región abdominal con una trayectoria de abajo para arriba, con fuerza, provocando la exposición de vísceras y una herida penetrante que habría provocado el fallecimiento de la víctima de no haber mediado asistencia médica, y la segunda, de haber afectado a la arteria femoral, también le habría causado irremediablemente la muerte.

«Si a ello unimos el último intento de agresión eludido por la víctima, nos permite afirmar, fuera de toda duda racional, la intención homicida que presidió su acción, pues con la utilización de dicha arma, la zona del impacto agresor, su contundencia y reiteración, no cabe concluir otra valoración más que estimar que le era claramente previsible al acusado, que con dichas puñaladas el resultado podía ser mortal y aceptó su realización», argumenta el tribunal.

Así, la Audiencia de Sevilla condena a Lofti B. a cinco años y un día de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y a siete años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella, a quien tendrá que pagar una indemnización de 25.541 euros.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación y la defensa del acusado ya ha anunciado que así será, ya que considera que «hay un error flagrante en la valoración de la prueba», pues «ninguno de los testigos que declararon en el juicio era imparcial». «Todos se afirmaron amigos del denunciante y ninguno fue testigo directo de los hechos».

Además, su abogado apunta que el fallo no ha tenido en cuenta que el acusado se vio «superado en número» -cuatro contra uno, según su versión- ni «la relación casuística» por la cual el individuo portaba un cuchillo aquella noche. La defensa sostiene así que el inculpado, que ha reconocido los hechos pero ha negado la pretensión de matar, es responsable de un delito de lesiones agravadas y no de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Varias personas que vestían uniformes de la Guardia Civil han arrojado desde un coche a un hombre tiroteado frente a la clínica Viamed, en Bellavista (Sevilla). La víctima, que tenía incontables antecedentes, ha muerto después de que fuera trasladado al Hospital Virgen del Rocío sin que los profesionales sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida. La Policía Nacional ya investiga los hechos.

La víctima, que presentaba al menos una herida de bala, fue arrojada desde un todoterreno en marcha en la puerta de la citada clínica Viamed. Según varios testigos, tanto la víctima como las personas que lo dejaron en el centro sanitario estaban uniformadas de la Guardia Civil. Una realidad que, unida al larguísimo historial delictivo del fallecido, hace pensar que podrían venir de robar droga a otros delincuentes.

El fallecido tenía 40 años de edad y contaba con numerosos antecedentes vinculados a delitos de narcotráfico en Las Tres Mil Viviendas y en Los Pajaritos.

Investigación

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya investiga el caso, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla, que asegura que ya se ha realizando la primera inspección ocular del lugar en el que fue abandonado el hombre tiroteado. Por el momento se desconoce si la víctima fue arrojada sin vida desde el todoterreno o, por el contrario, si murió en la clínica.

La Policía Nacional está revisando todas las cámaras de videovigilancia de la zona para intentar localizar a las personas que dejaron al hombre tiroteado frente al hospital.

Cabe recordar, en este sentido, que es la segunda vez que sucede algo similar en un hospital sevillano en menos de un año. Y es que el pasado mes de septiembre un hombre de 42 años, natural de Lebrija, fue arrojado desde otro coche en los aparcamientos del hospital de Valme con varios golpes y puñaladas, heridas por las que terminó muriendo. La Policía llegó a detener a cinco personas por estos hechos.

La Guardia Civil ha incautado 4.000 kilos de hachís camuflados en envoltorios de chocolatinas en dos parcelas de La Puebla del Río (Sevilla), una operación en el que se han intervenido un total de 114 fardos, 260 plantas de marihuana y dos furgonetas que habían sido robadas.

El operativo tuvo lugar a finales del pasado mes de abril, de madrugada, cuando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) observaron una furgoneta circulando por una zona próxima al río realizando unas maniobras sospechosas.

Los agentes iniciaron un seguimiento al vehículo y comprobaron que había efectuado dos paradas en dos parcelas de la localidad, lo que hizo presumir a los operativos que podrían tratarse de dos guarderías de hachís. También comprobaron que había varias personas proporcionando seguridad a dichas parcelas, y que, al percatarse de la presencia de agentes uniformados, abandonaron el lugar rápidamente campo a través.

Los guardias civiles organizaron un dispositivo de seguridad con los agentes de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, que culminó con los registros de las dos parcelas. En su interior se hallaron 114 fardos de hachís, una plantación con 260 plantas de cannabis, dos furgonetas robadas y numerosa documentación de los presuntos autores.

El hachís incautado arrojó un peso de 4.000 kilos, gran parte de ellos dosificados en pequeñas cantidades y ocultos con envoltorios de chocolatinas de distintas marcas, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña a la noticia.

La Guardia Civil ya dio un duro golpe al narcotráfico este pasado lunes con la intervención de seis narcolanchas en las costas de Huelva y el arresto de siete personas. En el operativo fueron aprehendidos 293 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 11,4 toneladas.

Agentes del Servicio Marítimo de Huelva observaron varias embarcaciones semirrígidas navegando próximas a la costa, cuyos ocupantes intentaron huir a gran velocidad mientras arrojaban los fardos al mar, pero los narcos fueron finalmente alcanzados y las narcolanchas y la droga, intervenidas.

Un taxista recibió un disparo este sábado mientras circulaba por las Tres Mil Viviendas, Sevilla. El hombre se encontraba llevando a una chica hasta la Avenida de las Razas, cuando recibió el impacto en su mandíbula, como ha confirmado el presidente de la Unión Sevilla del Taxi, David Capelo.

El afectado se encontraba circulando por la carretera a las 10:00 horas, cuando la bala, de origen desconocido, impactó contra el cristal del vehículo, quedando incrustada en él, y el plomo de la bala impactó en la mandíbula del hombre.

Posteriormente, el conductor llevó a la joven hasta su destino y acudió al Hospital Virgen del Rocío para recibir atención médica, acompañado de su esposa. En el centro médico, el herido levantó el atestado para el juzgado e interpuso la denuncia correspondiente, aunque «no pudo identificar al agresor en ningún momento», señalaba.

Debido a este suceso, el presidente de la Unión Sevilla del Taxi, ha exigido «más seguridad», y ha mostrado preocupación porque «se detecta una inseguridad galopante en el taxi en toda la ciudad de Sevilla». «Los taxistas también son 2.000 padres de familia de Sevilla que cuentan con una seguridad cero, estos son los problemas de verdad del taxi», ha subrayado al tiempo.

Tiroteo similar en Málaga

El pasado lunes 6 de mayo ocurrió un suceso similar en Antequera, Málaga, donde dos grupos protagonizaron un tiroteo. Los hechos, por los que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, tuvieron lugar al mediodía cuando, al parecer, se produjo un enfrentamiento entre dos clanes rivales por problemas vecinales.

Desde el sistema Emergencias 112 Andalucía confirmaron que recibieron varias llamadas en torno a las 14:30 horas que alertaban de una pelea, en las que hubo disparos, y con 14 personas heridas en la avenida de la Estación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios.

Uno de los heridos que permanecía ingresado en el hospital de la citada localidad ha recibido el alta; mientras que otros dos están estables dentro de la gravedad, con pronóstico reservado, ingresados en el Hospital Regional Universitario de Málaga capital, según han confirmado fuentes sanitarias.

En relación con el suceso fueron detenidas cuatro personas por tentativa de homicidio por su presunta responsabilidad en los hechos. Entre los arrestados, que se hallan bajo custodia policial, figuran cuatro hombres que pertenecen a una misma familia y un mismo clan.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, valoró la respuesta «eficaz» de la Policía Nacional tras el tiroteo y destacó el dispositivo policial llevado a cabo, que se prolongará «mientras sea necesario» en la zona del hospital de la citada localidad.

Además, también recordó que este es «un problema social que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier sitio, no es habitual que ocurra allí en esa zona, ni en Antequera tampoco este tipo de circunstancias».

Una menor, de 17 años, ha sido localizada en Coín (Málaga) junto a su padre, que tenía una requisitoria internacional para la retirada de la menor por haber sido criada en Suiza como una niña lobo sin contacto con la sociedad. Agentes de la Policía Local visualizaron por la zona del centro comercial La Trocha de la citada localidad malagueña un vehículo que llamó la atención, y donde estaban tanto el padre, con aspecto desaliñado, como la hija, cabizbaja y con ropa sucia.

Tras la identificación e introducir los nombres en la base de datos se comprobó que habían emitido una alerta en la que se advertía de que la menor estaba en paradero desconocido, en una situación de peligro grave y que debía permanecer en un lugar seguro por alto riesgo de fuga, en este caso inducida por el padre, precisa el diario.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado tras ser cuestionado por los periodistas en Osuna (Sevilla) que el hecho tuvo lugar el 18 de marzo, cuando la Policía Local de Coín identificó en una furgoneta a un adulto, junto con la menor, que resultaron ser padre e hija.

«Una vez que identifican y ven las circunstancias extrañas, lo ponen en conocimiento de la Guardia Civil, que es la que, inmediatamente, introduciendo la matrícula y la documentación del hombre, comprueban que hay una requisitoria internacional», ha añadido, al tiempo que ha precisado que lo que requería era la retirada de la menor respecto a su padre.

En ese momento, según ha señalado Fernández, el hombre fue detenido y la menor fue puesta a disposición de los Servicios Sociales a través de la Junta de Andalucía, por lo que ingresó en un centro de menores. En cuanto al padre, de origen suizo, fue puesto a disposición judicial.

«Esa investigación ya quedó en el ámbito judicial estrictamente; cualquier tipo de requisitoria o de requerimiento de otro juzgado o tribunal de cualquier otro país se llevará a cabo por los conductos propiamente ya judiciales», ha añadido el delegado del Gobierno.

Fuentes de la Consejería de Igualdad han confirmado que la menor de 17 años ha estado en el centro de protección de menores del 18 de marzo al 3 de mayo, «donde se le ha dado atención, protección y cariño; todo esto mientras se llevaban a cabo las gestiones oportunas con las autoridades de Suiza, país al que ya ha sido trasladada».

La Fiscalía ha fijado finalmente en cuatro años y un mes de cárcel su petición de pena para los ex alcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) Emilio Amuedo y Antonio Maestre por una presunta ayuda ilegal de 750.000 euros recibida por el ayuntamiento con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama del caso ERE. La Junta de Andalucía, por su parte, solicita seis años de prisión.

Este viernes ha tenido lugar la última sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra Emilio Amuedo Moral (alcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004), Antonio Maestre Acosta (alcalde palaciego entre 2004 y 2011) y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal.

En su escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía reclamaba seis años de prisión para cada uno de los tres acusados, a quienes considera autores de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, pero a la hora de las conclusiones finales, el fiscal encargado del caso les ha atribuido el papel de cooperadores necesarios en su condición de «extraneus», por lo que solicita cuatro años y un mes de cárcel para cada uno de ellos, así como 12 años de inhabilitación absoluta y ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público, petición ésta a la que se ha adherido el PP-A como acusación popular.

Por su parte, la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha subido sus peticiones de condena, ya que en su escrito inicial de calificaciones provisionales solicitaba cuatro años de cárcel para los acusados y en sus conclusiones ha pedido seis años y un día de prisión para cada uno de ellos.

Ayudas para un centro ecuestre

En su informe final, el fiscal ha señalado que en marzo de 2003 Emilio Amuedo, como alcalde de Los Palacios, firmó un protocolo de intenciones con Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo (condenado por el caso ERE y fallecido en 2020), para que la Junta de Andalucía apoyase económicamente el proyecto planeado por el ayuntamiento para levantar un centro ecuestre en la localidad.

Pero lo hizo sin que figurase ningún «plan de viabilidad», pese a que tal extremo se trata de una «exigencia reglada» por las leyes de ayudas publicas. Tras ello, Guerrero firmó como director general de Trabajo un acuerdo con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a fin de que esta entidad pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el proyecto del centro ecuestre con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos. Posteriormente, el ayuntamiento recibió «tres pagos por importe total de 750.000 euros», pero sin que el consistorio formase parte de este segundo convenio, según sostiene la Fiscalía.

Los tres pagos

Concretamente, en 2004, cuando aún era alcalde Emilio Amuedo, el ayuntamiento recibió 50.000 euros, y ya en 2005, con Antonio Maestre al frente del mismo, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros. Los fondos fueron destinados a este municipio sevillano sin que hubiese ninguna convocatoria oficial de ayudas ni solicitud formal de fondos por parte del consistorio, según el fiscal. Tampoco había memoria justificativa ni documento de concesión por parte de la Junta ni aceptación de los fondos por parte del ayuntamiento. Nada de nada. Todo sucedió con una «omisión total y absoluta» de los procedimientos reglados a los que están ceñidos las subvenciones públicas.

A tal efecto, el Ministerio Público señala que «por el hecho de ser alcaldes», Amuedo y Maestre eran conscientes de que las ayudas públicas están sujetas a toda una serie de formalidades como las descritas. Amuedo alegó en el juicio que confiaba en Guerrero por el cargo que éste ostentaba como director general de Trabajo y Seguridad Social, y que fue la Junta de Manuel Chaves la que «encauzó» todos los trámites.

El fiscal recalca que los fondos autonómicos recibidos por el ayuntamiento incurrían en una «causa de nulidad» y el ingreso de los mismos fue «indebido e ilegal», ya que la entonces interventora municipal «debió poner reparo» formal a dicho ingreso, pero no lo hizo, incurriendo así en un «incumplimiento manifiesto de sus obligaciones» como habilitada nacional.

Maestre, sucesor de Amuedo en la Alcaldía, manifestó en el juicio que los pagos de 200.000 y 500.000 euros que la Junta realizó al ayuntamiento durante su etapa al frente del mismo fueron ingresados sin que la Administración andaluza «especificase» que se trataba de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre. A este respecto, el fiscal ha señalado que, como primer edil, Maestre no podía «desconocer» a qué correspondía «una cantidad tan grande de dinero» público.

Además, el fiscal ha recordado que Maestre llegó a remitir a Guerrero el proyecto básico del centro ecuestre, extremo que el ex alcalde atribuía a los técnicos municipales. Según su versión, su papel se redujo a firmar el documento.

Maestre aseguró ante el juez que dicho dinero fue destinado a sufragar «el día a día» del consistorio, siempre a «gasto público», pero no ha convencido al fiscal, que en su informe final ha destacado que los fondos fueron aplicados a pagar «deudas» del Ayuntamiento de Los Palacios, un fin a todas luces «indebido e ilegal».