Que no haya PTIS suficientes en los colegios es un problema que solo conocen de cerca los padres y madres de los niños y niñas que necesitan el trabajo de estas profesionales. En algunos colegios no se han cubierto las plazas necesarias por parte de la Junta de Andalucía para atender a los pequeños con necesidades especiales, y los centros no cuentan con los recursos humanos necesarios para atender a este alumnado.
Hay algunos con solo una PTI, y si ha secundado la huelga que mantiene este colectivo desde el pasado 14 de noviembre, el problema es el que es.
En realidad son trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de colegios e institutos andaluces, pero son las PTIS porque son en su mayoría mujeres. Hartas de sufrir, entre otras cosas, el impago de sus nóminas por trabajar para empresas subcontratadas por la Junta que no cumplen con sus obligaciones salariales, este miércoles han iniciado mañana una caravana de protesta de tres días que recorrerá seis provincias, dentro del calendario de protestas y huelga que se inició en este servicio el pasado 14 de noviembre.
La caravana ha salido esta mañana, en su primera etapa, desde la delegación territorial de Educación en Granada, para iniciar a las 9.00 horas un recorrido que la llevará a Jaén, a donde llegará sobre las 17.00 para llevar a cabo una concentración en la Plaza de San Francisco.
Previamente, habrá una concentración ante el IES Virgen del Carmen de Granada entre las 14.00 y las 16.00 horas.
La segunda etapa se iniciará el jueves 14 a las 9.00 horas desde la delegación de Educación en Córdoba, con paradas en dos colegios de la ciudad y llegada a Málaga sobre las 16.00, con una concentración ante la delegación de Educación.
La última etapa, el próximo viernes, será Cádiz-Sevilla, con salida a las 9.00 horas desde la delegación de Educación gaditana, paradas en un instituto y un colegio y llegada al Palacio de San Telmo a las 14.00, donde la caravana será despedida tras una concentración de dos horas de duración.
Los técnicos protestan por que la mayoría de los servicios de atención al alumnado con necesidades de apoyo específico están privatizados o externalizados a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), a la que han acusado de «dejadez en sus funciones por no exigir, entre otras cosas, el pago del verano, la contratación a jornada completa, la aplicación del convenio colectivo o facilitando el paso del contrato indefinido parcial al fijo discontinuo”.
Aseguran, además, que sufren impagos en sus nóminas por parte de las empresas privadas que han ganado contratos de la Junta para este fin, sin que el Gobierno andaluz, denuncian, den de baja a esas empresas en su listado de proveedores.
Desde la Junta de Andalucía se mantiene una tesis en este caso que tiene más que enfadadas a las huelguistas: que es una cuestión laboral entre una empresa privada y ellas. De hecho, las PTIS que dependen directamente de la Junta no secundan la huelga. Las que sí sufren problemas recuerdan que, aunque sea cosa de una empresa privada, la Junta debería vigilar de cerca con quién firma contratos de subrogación, y, sobre todo, no volver a firmar nada con gente que, por ejemplo, no paga a sus trabajadores.
Además, desde el Gobierno andaluz ha destacado el aumento de las partidas destinadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional desde 2019, y ha indicado que el 67 % citado se traduce en 566 millones de euros, «aunque sigue habiendo necesidades por cubrir y en ello trabaja el equipo de la Consejería».
En este curso son 13.000 los profesionales que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, y cuenta con 7.325 maestros especialistas, un 22 % más que en 2021; 5.495 PTIs (Pedagogía Terapéutica) frente a los 4.561 de 2018, un 20 % más y 1.830 ALs (Audición y Lenguaje) frente a los 1.517 de 2018, un aumento del 24 %.
Además crece el número de Monitores de Educación Especial hasta alcanzar este curso los 3.247, frente a los 3.055 del curso anterior: en 2018 había 2.353, lo que supone un aumento de 894 profesionales, un 38 %, y dentro de estos monitores, en cuanto a los PTIS, en 2018 había 1.917 y este curso habrá 2.972, un 55 % más.
Las cifras son claras, pero son tan insuficientes como claras, porque hay niños que no tienen a nadie que le atienda y corren el riesgo de dejar de ir al colegio para poner su salud por encima de la educación, y eso no hay cifras, ni porcentajes, ni inversiones que lo pueda justificar.
La hermandad del Rocío de la Macarena ha organizado una carreta solidaria por las calles de Sevilla en estas fechas prenavideñas a fin de recaudar fondos para los vecinos más necesitados del barrio.
La carreta solidaria tendrá lugar este próximo sábado 16 de diciembre. Arrancará a las 10:00 horas desde la Casa Hermandad y recorrerá las calles y plazas del casco antiguo: Escobero, Muro, plaza de la Esperanza Macarena, San Luis, Socorro, plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, plaza de la Campana, Alfonso XII y Marqués de Paradas, donde finalizará el recorrido a las 14:00 horas.
Itinerario de la carreta solidaria del Rocío de la Macarena.
A lo largo de todo el recorrido, todo aquel que lo desee podrá adquirir papeletas por valor de cinco euros a cambio del ‘osito solidario’. Todo lo recaudado con esta iniciativa irá destinado a cubrir el costo de un puchero por familia del barrio de la Macarena.
Además, el recorrido contará con la presencia del coro de la hermandad, el de Cofrades íntimos de Sevilla y el de San Marcos, así como un grupo de tamborileros formado por Cristóbal García, Francisco Javier Castro y Miguel Casado.
La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 22 años en Mairena de Aljarafe (Sevilla) que grabaron imágenes sexuales de sus amigas con una cámara espía y las difundieron en internet cobrando por el contenido. Entre las víctimas hay una menor.
La operación comenzó el pasado mes de noviembre cuando los agentes recibieron la denuncia de una joven informando de que había visto imágenes sexuales y vídeos suyos y de otras mujeres en un canal de internet. Los agentes iniciaron una investigación dónde detectaron que el nexo común entre las mujeres era que todas eran amigas o se conocían entre ellas. Las imágenes se habían difundido desde meses antes.
Los investigadores descubrieron que uno de los detenidos había colocado una cámara espía en los cuartos de baño de su vivienda para grabar a las víctimas cuando las invitaba a su casa. Otro modus operandi consistía en aprovechar un descuido de las víctimas y abusando de su confianza, se apoderaba del código de desbloqueo de sus móviles, con el objetivo de obtener fotografías de su galería de imágenes.
Una vez conseguidas las imágenes con la cámara espía, los detenidos publicaban el contenido multimedia en diferentes canales de naturaleza sexual y pornográfica de las redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada.
Los vídeos se votaban en internet
Está por determinar el alcance de la difusión del citado contenido, que además era acompañado por los detenidos por toda clase de comentarios humillantes, vejatorios y degradantes hacía las víctimas, exponiéndolas incluso a votaciones entre el público que tenía acceso a los vídeos sexuales.
Cuando los investigadores identificaron a uno de los presuntos autores, se realizó una entrada y registro en un domicilio donde se intervino diferente material informático y teléfonos móviles. Tras las pruebas recabadas en este registro se detuvo a un segundo joven presuntamente implicado en los hechos.
Hay cinco víctimas, todas mujeres, identificadas hasta el momento. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se ha decretado libertad con orden de alejamiento de todas sus víctimas. Están acusados de los delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.
El juez de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha cifrado en 40.750.047,74 euros la cantidad defraudada por UGT Andalucía (UGT-A) a través de subvenciones públicas. Esta semana esta prevista la celebración del juicio para abordar esta cuestión y que está promovido contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de facturas falsas para defraudar a través de las subvenciones públicas. Sin embargo, el juicio ha sido aplazado por motivos de salud de algunos de los investigados.
En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.
El 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, dicho juez responsable del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.
Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordase por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
Financiación
En su auto de procedimiento abreviado, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».
«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».
Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la «relación existente» entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así «la presunta responsabilidad civil subsidiaria» de UGT Andalucía, por lo que procedía «requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa».
Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su «presunta responsabilidad civil subsidiaria», considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás ex miembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.
La víctima del tiroteo que este pasado sábado tuvo lugar en el barrio sevillano de San José de Palmete es un varón marroquí y el móvil, un ajuste de cuentas por una posible deuda relacionada con un asunto de drogas, según la principal hipótesis de la investigación.
Este domingo, la Policía Nacional detenía a un hombre por su presunta implicación tiroteo, saldado además con otros dos heridos graves que fueron trasladados a un centro hospitalario. El Juzgado de Instrucción encargado del asunto ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones, según fuentes policiales.
Sobre las 22:30 horas de la noche del sábado una persona realizaba una primera llamada a los servicios de urgencia alertando de que había escuchado detonaciones en la calle Libertad de la capital hispalense, al parecer derivadas de disparos de arma de fuego. Hasta allí se desplazaron agentes de Seguridad Ciudadana que acordonaron la zona y efectivos de la policía judicial que recabaron los primeros datos a través de los testimonios de los vecinos. Los testigos afirmaron que alguien abrió fuego desde un coche que posteriormente se dio a la fuga.
Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del marroquí, que recibió varios impactos de bala. Otra persona, hermana de la víctima, fue alcanzada en el pecho y trasladada en un vehículo particular hasta las urgencias del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue abandonada.
El detenido, según informa Diario de Sevilla, es un varón de nacionalidad española que también resultó herido en una pierna durante el tiroteo y que fue arrestado cuando recibió el alta hospitalaria. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lamentó este domingo lo ocurrido: «Lamento los graves sucesos acaecidos en Palmete. El asunto ya está en manos de la Policía Nacional para esclarecer los hechos. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad por la rápida intervención», manifestó el regidor hispalense en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa, que condena a un varón a siete meses de cárcel y más de tres años de pérdida del permiso de circulación, por conducir un coche bajo los efectos del alcohol y negarse “de forma rotunda y reiterada” a someterse a la preceptiva prueba de alcohol pese a ser advertido por los agentes de las consecuencias penales de ello.
En una sentencia emitida el pasado 7 de julio y recogida por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla aborda el recurso de casación de un varón, contra una sentencia del Juzgado de lo Penal número dos que le condena a una multa y un año y ocho meses de privación del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial y a siete meses de cárcel y un año y medio más de prohibición de conducir vehículos a motor, por un delito de negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica con la atenuante de intoxicación etílica.
En concreto, el Juzgado de lo Penal número dos declaró probado que sobre las 5,00 horas de la madrugada del 31 de julio de 2020, el inculpado circulaba a los mandos de turismo modelo Nissan Yuke por la calle Óleo, dentro del término municipal de Arahal, “después de haber ingerido tal cantidad debidas alcohólicas que menoscababan sus facultades para una adecuada conducción, con el consecuente peligro para los demás usuarios de la vía pública, siendo requerido por los agentes de la Policía Local para que se le practicase la correspondiente prueba de alcoholemia”.
Pero según el relato de hechos probados, “ante este requerimiento, conociendo la obligación de someterse a las mismas, el acusado se negó de forma rotunda y reiterada a realizar dichas pruebas”; presentando “síntomas como olor a alcohol, ojos brillantes, pupilas dilatadas, comportamiento arrogante, habla pastosa, halitosis alcohólica fuerte de cerca y notoria a distancia y deambulación titubeante“.
En su recurso de apelación, el inculpado alegaba una presunta vulneración de la presunción de inocencia por una aludida “inexistencia de prueba sobre la conducción del vehículo” por su parte.
Pero el tribunal de la Audiencia recuerda que el Juzgado ha tenido en cuenta “la testifical de los policías argumentando que han mantenido una versión coherente y lógica de los hechos, a la que otorga su el valor de prueba de cargo”.
“Y ciertamente, tras el visionado de la grabación del juicio oral se comprueba cómo ambos agentes explican que contactaron con el acusado cuando se encontraba a bordo de su vehículo sin que ninguna intervención realizaran, que advirtieron que iniciaba la marcha y en un momento dado realizó una maniobra brusca, lo que en palabras del agente les llevó a pensar que estaba bajo los efectos del alcohol, de ahí que siguiesen tras él hasta darle el alto. Ambos explican que le advierten sintomatología compatible con el consumo de alcohol y que sin ninguna oposición por su parte le condujeron a dependencias policiales para realizarle la oportuna prueba, a la que se negó a pesar de haberle informado de las consecuencias penales de dicha negativa”, resume la Audiencia.
Por eso, el tribunal desestima por completo el recurso de apelación del inculpado y confirma plenamente la sentencia inicial condenatoria del juzgado.
Itinerario de la carreta solidaria del Rocío de la Macarena.
