Los vecinos de la Bachillera podrán ser propietarios de sus casas 77 años después

Los vecinos de la Bachillera podrán ser propietarios de sus casas 77 años después


Los vecinos de la Bachillera podrán registrar sus viviendas y ser sus legítimos propietarios casi ochenta años después tras firmar ante notario el alcalde, como patrono de la Fundación Sevillana de la Caridad, de la escritura catastral de la única finca en la que en 1948 comenzaron a vivir 180 familias y cuyos herederos podrán ahora registrarlas a su nombre en las parcelas independientes de las que nunca han podido ser propietarios legales y, por tanto, superar la inseguridad jurídica, y económica, en la que han vivido.

“Es un día histórico porque tras 77 años ponemos fin a una injusticia”, decía el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ante un grupo de vecinos del barrio presentes en el acto de la firma, encabezados por el presidente de la Asociación de Vecinos Estrella Andaluza, Ignacio Cruz, un “acto de justicia” que les permitirá ahora inscribir por primera vez sus viviendas en el Registro de la Propiedad y que sean “suyas al cien por cien”.

El propio Cruz reconocía que “no esperábamos que fuera ahora”, tras tantos años de espera, y proclamaba “lo hemos conseguido”, apuntando que a partir de ahora el barrio comenzará a desarrollarse en su totalidad, puesto que muchos no han podido ni arreglar sus viviendas ni pedir un préstamo para ello porque las viviendas no estaban a su nombre, aunque ha reconocido que ha habido “fraude pero es largo de contar”, ya que algunos sí han conseguido registrarlas, arreglarlas e incluso se han vendido. “Hay casas escrituradas y eso se nota mucho”, reconocía.


El gerente de Urbanismo y Medio Ambiente, Fernando Vázquez, ha explicado que la Gerencia pondrá a disposición de los vecinos el asesoramiento que sea necesario para cada caso, de forma que se puedan trasmitir las parcelas a sus “legítimos propietarios”, tras la reparcelación de la única finca original en las 180 en las que están residiendo ahora mismo.

Así, se realizará una transmisión directa a aquellos que presenten los títulos que certifiquen que son los propietarios, mientras que el resto de “circunstancias más complejas” se iniciará un “expediente de dominio” y se estudiará cada caso particular.

La situación se remonta a 1948 cuando la Fundación Sevillana de la Caridad entregó estos terrenos a las familias para que construyeran sus hogares pero nunca se formalizó la transmisión de la propiedad, impidiendo a los vecinos registrar legalmente sus viviendas, lo que les ha generado una “gran inseguridad jurídica” a lo largo de estas ocho décadas.

Con este acto, se consigue registrar 180 parcelas independientes, puesto que todos los terrenos de La Bachillera estaban en una única parcela. “El gobierno municipal ha trabajado intensamente en los últimos meses, a través de la Gerencia de Urbanismo, para resolver esta situación, impulsando un proyecto de parcelación que ha permitido la regularización jurídica de los terrenos“.

Un poco de historia

La Fundación Sevillana de la Caridad surgió en 1900 con el objetivo de ofrecer asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo su integración y bienestar en la ciudad. Fue proyectada por Carlos Cañal y Migolla, a petición del Ayuntamiento y del Arzobispado, según ha informado el Consistorio.

La fórmula propuesta por Cañal consistió en la creación de una asociación formada por el Consistorio, el Arzobispado y socios privados. Su labor se centra en proporcionar servicios de acogida, atención y apoyo a quienes más lo necesitan. Está compuesta por un patronato que supervisa su gestión y funcionamiento.

El presidente de la fundación es el alcalde de Sevilla y forman parte de su patronato cuatro concejales nombrados por el Pleno, un representante de la Archidiócesis, otro de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y trece vecinos de la ciudad designados por el presidente.





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Dispositivo especial de patrullas para reforzar la seguridad en catorce parques

Dispositivo especial de patrullas para reforzar la seguridad en catorce parques


El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Parques y Jardines, ha activado este domingo un dispositivo especial para reforzar la seguridad en 14 parques de la capital hispalense. Una medida que tiene como objetivo “prevenir actos de vandalismo y mejorar la seguridad en estos espacios”.

En una nota, el ayuntamiento ha informado de que el operativo de refuerzo contempla la presencia de dos patrullas de vigilancia con vehículos eléctricos de 09,00 a 21,00 horas, que recorrerán los distintos parques para garantizar la seguridad.

Así, esta medida amplía el servicio de seguridad que ya se estaba realizando de 21,00 a 08,30 horas, con cinco equipos formados por dos vigilantes cada uno, de lunes a domingo. Según el Consistorio, esta ampliación supone una dotación económica superior a los 100.000 euros.

En este sentido, ha indicado que los espacios donde se reforzará la seguridad son el Parque de San Jerónimo, el Parque del Tamarguillo, Ciudad de la Imagen, Parque de Torreblanca, los Jardines asociados al río Guadalquivir (Paseo Fluvial y praderas), el Parque de los Bermejales, Bermejales Sur y Palmas Altas.

También ha incluido este despliegue en las zonas de Parque Pineda, Parque Guadaíra I y II, el Jardín Americano y los Jardines del Guadalquivir y Ribera.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que esta actuación responde a los recientes actos vandálicos registrados en algunos espacios, como el Parque Vega de Triana.

“El refuerzo de vigilancia es una medida necesaria para proteger estos espacios que son fundamentales para el ocio y el bienestar de la ciudadanía, por lo que queremos garantizar que los sevillanos puedan disfrutar de parques seguros y bien cuidados”, ha afirmado la delegada.

Asimismo, Rincón ha insistido en “el compromiso” del Ayuntamiento de Sevilla con la seguridad y la conservación de las zonas verdes. En esta línea, la edil ha concluido con que “se seguirá trabajando para preservar los parques como espacios de convivencia y naturaleza, reforzando todas las medidas que sean necesarias para evitar nuevas incidencias”.





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Invocan el informe del Defensor del Pueblo para paralizar los vertidos mineros al río

Invocan el informe del Defensor del Pueblo para paralizar los vertidos mineros al río


Diferentes grupos ecologistas, respaldamos por Podemos Sevilla, han invocado el informe del Defensor del Pueblo Andaluz para reclamarle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la paralización de los vertidos tóxicos procedentes de las actividades mineras, tanto de Cobre Las Cruces como de la futura reapertura de Aznalcóllar, después de que Jesús Maeztu respaldara la falta de consenso científico acerca de los riesgos que estos vertidos suponen para el ecosistema del Guadalquivir.

El río Guadalquivir, uno de los mayores ecosistemas de Andalucía, se encuentra en peligro debido a los vertidos tóxicos que se derivaran de la mina de Aznalcóllar, que se estima podría liberar hasta 85.000 millones de litros de residuos al cauce del río, y que se sumarían a los autorizados a Cobre Las Cruces. La preocupación por el impacto medioambiental ha llevado a Susana Hornillo, concejala de Podemos en Sevilla, Juantxo López, coordinador federal de Alianza Verde, y varios grupos ecologistas, como Los Verdes Andalucía y Equo, entre otros, a unirse para pedir a Moreno Bonilla que paralice las actividades de vertidos tóxicos

El informe de Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz respaldaba la falta de consenso científico sobre los riesgos que estos vertidos suponen para el ecosistema del Guadalquivir, motivo por el que Susana Hornillo ha considerado de urgencia aplicar el principio de precaución: “Hay que aplicar el principio de precaución ante la falta de consenso científico sobre el efecto que estos vertidos van a tener en el río Guadalquivir”.

La concejala de Podemos subrayó que el informe del Defensor del Pueblo, solicitado a raíz de una queja presentada por ecologistas y partidos, alerta sobre los posibles impactos negativos en el estuario del Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana y en la reserva de pesca, además de señalar la falta de estudios profundos sobre los riesgos acumulativos de contaminación.

Creación de comisión de expertos y un llamado de atención

El informe del Defensor del Pueblo recomienda la creación de una comisión de expertos para evaluar los efectos de los vertidos. Esta recomendación ha sido reiterada por activistas y políticos que temen que el daño irreversible a uno de los ecosistemas más importantes de Europa se pase por alto en favor de unos intereses privados.  Además, exigieron que este análisis de expertos incorpore los datos del profesor Jesús Castillo de la Universidad de Sevilla, quien ha alertado sobre el actual estado de contaminación del estuario, como resultado de los residuos ya vertidos por la mina Cobre Las Cruces. Hornillo también destacó que la Agencia Local de la Energía y la Sostenibilidad de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre este asunto, a pesar de que el primer municipio afectado sería la capital andaluza.

Hornillo, quien forma parte de un creciente movimiento que incluye a Ecologistas en Acción, agricultores, pescadores, y diversas asociaciones sociales, expresó su frustración ante la falta de respuesta del gobierno andaluz: “Estamos aquí para decirle al señor Moreno Bonilla que cada vez somos más los que estamos defendiendo este río”.

Juantxo López, de Alianza Verde, subrayó la importancia de tomar la resolución del Defensor del Pueblo como un “punto de inflexión” en el proceso de permisos para la mina. López alertó sobre la omisión de aspectos cruciales en los estudios previos y exigió que la Junta de Andalucía paralice el proyecto hasta que se realicen los informes solicitados.

Además, ambos dirigentes han reprochado la “actitud terraplanista” del PP andaluz y han invitado al presidente autonómico y al Ministerio de Transición Ecológica a escuchar a la ciencia en relación al impacto de la contaminación fluvial sobre los ecosistemas, la salud pública y los empleos asociados a las actividades fluviales.

Consecuencias de los vertidos tóxicos

Y es que, el peligro de estos vertidos no es sólo ambiental, sino económico y de salud pública. Según la profesora del CSIC, Antonia Herrero, los metales pesados provenientes de estos vertidos pueden tener consecuencias devastadoras para la fauna, la flora y las actividades económicas que dependen del río: “Estos metales pesados entran en la cadena trófica, afectando a la pesca, la agricultura, e incluso poniendo en riesgo la salud humana”.

Antonia Herrero señaló que los metales pesados en el río no sólo amenazan la biodiversidad local, sino que también comprometen la productividad de actividades esenciales como la pesca y el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir. Además, alertó sobre los posibles efectos en la salud humana, incluidos los riesgos de cáncer y daños a órganos vitales debido a la acumulación de estos metales en los alimentos.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía y el gobierno español se mantienen en silencio ante las preocupaciones científicas y ecologistas. La creación de una plataforma ciudadana, SOS Guadalquivir, ha reforzado la unión para que se tomen medidas inmediatas y se frene la contaminación del río.

La situación se complica aún más al recordar el trágico precedente de 1998, cuando un vertido de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóyar arrasó una gran parte del ecosistema fluvial y costó millones de euros en labores de limpieza. A pesar de la experiencia del pasado, parece que la historia puede que vuelva repetirse, y la reapertura de la mina y los planes para los vertidos continúan sin la debida evaluación.

Los activistas insisten en que el informe del Defensor del Pueblo no puede ser ignorado. “Esto no es una cuestión menor”, concluyó Hornillo. “Estamos jugando con la salud pública, con la biodiversidad, y con el futuro económico de muchas familias que dependen del río Guadalquivir”.

Los grupos ecologistas que reclaman la paralización de vertidos.

Cambio de modelo económico

Además de las preocupaciones ambientales, las organizaciones ecologistas demandaron un cambio en el modelo económico de la zona. Ante el alto nivel de desempleo en Aznalcóllar y otros municipios cercanos, exigieron la creación de un plan de empleo diversificado, basado en actividades sostenibles como la agricultura ecológica, las energías renovables y el turismo rural. “No podemos permitir que el empleo en nuestra tierra dependa exclusivamente de proyectos que pueden poner en riesgo los ecosistemas y el bienestar de sus habitantes”, señaló Hornillo.

Por último, desde Podemos Sevilla y Alianza Verde subrayaron la necesidad de que Moreno Bonilla escuche a la ciudadanía y deje de tratar Andalucía como “una tierra de sacrificio al servicio de las multinacionales”. Según los ecologistas, es esencial que el Gobierno andaluz no sólo tenga en cuenta el empleo generado por la mina, sino que también valore los puestos de trabajo que podrían perderse en sectores como la pesca, la agricultura y el turismo si se permite el vertido de aguas tóxicas en el Guadalquivir.

Las llamadas a la acción se multiplican y la presión sobre las autoridades locales y regionales aumenta. De no tomarse en serio los avisos de expertos y activistas, el futuro del Guadalquivir podría ser incierto.





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