SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado este miércoles su criterio contrario a la toma en consideración de la Proposición de Ley del derecho al comedor escolar en la educación pública andaluza presentada en el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía.
Argumenta el Gobierno andaluz que esta propuesta, que plantea la existencia de un cocinero en cada centro educativo para ofrecer la llamada cocina en vivo y huir así de los catering de comida fría, “no contempla el impacto que la propuesta tendría en la arquitectura del propio sistema educativo”, además de “la financiación necesaria para que pueda ser sostenible a futuro”.
Seguidamente la Junta de Andalucía ha invocado un coste estimado de 1.347 millones de euros, que ha elaborado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, además de indicar en una nota que “universalizar el servicio con gestión directa y cocina propia en cada centro educativo supondría una reconfiguración estructural del sistema”.
Reprocha el Gobierno andaluz a Adelante Andalucía que este partido no haya reparado “ni en su gestión, ni en la organización de los propios centros, ni en las condiciones laborales de los docentes y del personal no docente”.
Ha argumentado que la Proposición de Ley y la memoria económica que la acompaña “carecen del rigor técnico, distorsionan la realidad y desprestigian el servicio y el trabajo de los profesionales que lo prestan actualmente en los centros educativos en condiciones de calidad, seguridad y evaluación continua”.
De esa cifra global de 1.347 millones, ha precisado el Gobierno andaluz que 983 millones serían un incremento consolidado anual en el presupuesto. Ha precisado que 360 millones sería el coste de inversión en infraestructuras; 450 millones serían del aumento de personal docente y no docente; y cerca de 530 millones de euros anuales como consecuencia de los costes recurrentes en alimentación y suministros.
“VISIÓN REDUCCIONISTA QUE NO CONSIDERA EL ESFUERZO SOSTENIDO”
El enfoque de la Proposición de Ley parte, según el Gobierno andaluz, de “una visión reduccionista y negativa que no toma en consideración el esfuerzo sostenido que desde la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo para modernizar el servicio de comedor escolar en Andalucía”.
Defiende la Junta de Andalucía que “a lo largo de los últimos años se ha producido un avance significativo en la calidad del servicio, en la transparencia de los procesos de licitación, en la vigilancia técnica de las concesiones y en la promoción de valores como la salud alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y la equidad social”.
Acepta el Gobierno andaluz que “pueden existir márgenes de mejora en el sistema de comedores escolares, como en cualquier política pública compleja, los datos disponibles no justifican la visión alarmista que plantea la Proposición de Ley”.
Ha blandido la Administración autonómica “un modelo de gestión cada vez más eficiente, inclusivo y orientado al bienestar del alumnado”, al tiempo que ha indicado que “el modelo andaluz de comedores escolares se encuentra en fase de consolidación y mejora continua”, y que ha caracterizado por “distintos modelos de gestión en función de las características del entorno y de las necesidades reales del alumnado y las familias”.
Ha reprochado que la Proposición de Ley “cuestiona el modelo de gestión indirecta mediante empresas de restauración colectiva”, así como que señala “una supuesta pérdida de calidad nutricional como consecuencia de la externalización del servicio”, idea que contrarresta con “la evidencia recogida en los planes de seguimiento y evaluación, como el Plan Evacole, que lleva a cabo la Consejería de Salud y Consumo”.
SEISCIENTAS INSPECCIONES DE SALUD
En este sentido ha indicado la Junta de Andalucía que en el curso 2023-2024 se realizaron más de 600 inspecciones presenciales a comedores escolares y con las cuales se ha constatado la adecuación de los menús en cantidad y en equilibrio nutricional.
Ha defendido la Junta la utilización de productos de proximidad y de producción ecológica, con una previsión de más de 5,6 millones de kilos de productos ecológicos para el curso 2024-2025, dato que ha planteado como muestra de “un compromiso con una alimentación saludable y sostenible”.
En cuanto a las condiciones laborales del personal de atención y cuidado durante el comedor, la Junta de Andalucía ha defendido que las últimas licitaciones del servicio han introducido como mejora puntuable el aumento de la ratio de monitores por alumno, así como la ampliación de la jornada mínima diaria a dos horas para garantizar unas condiciones laborales dignas.
Ha asegurado que el diseño de los pliegos de contratación ha incorporado expresamente estas medidas como criterios de valoración que permiten a las empresas mejorar la puntuación de sus ofertas mediante la inclusión de cláusulas sociales.
GESTIÓN DIRECTA DE 314 COMEDORES ESCOLARES
La Junta de Andalucía ha precisado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional gestiona directamente 314 comedores escolares con personal propio y cocinas en los centros y que la coexistencia de modelos de gestión permite adaptarse a las realidades logísticas de cada territorio, especialmente en zonas rurales o con baja demanda, ya que argumenta que “el modelo indirecto es muchas veces la única vía para garantizar el servicio”.
Plantea el Gobierno andaluz, ante la apuesta de la Proposición de Ley de Adelante Andalucía de reforzar la participación de las familias en el control del servicio a través de una nueva atribución de control y seguimiento a los consejos escolares, que “ya existe un mecanismo de participación ciudadana desde 2020, como son las comisiones de seguimiento del comedor escolar”.
Defiende que se trata de un mecanismo que “fomenta la implicación de la comunidad educativa en el seguimiento y evaluación del servicio” y que promueve la creación de una comisión integrada por la dirección del centro, el AMPA y un representante de la empresa adjudicataria, que se reúne periódicamente y levanta acta de sus deliberaciones.
Desde 2024, en todos los comedores gestionados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), las empresas adjudicatarias han incorporado esa mejora y han asumido la obligación de constituir las mencionadas comisiones.
Los contratos vigentes contemplan herramientas de comunicación directa con las familias y mecanismos para evaluar el servicio, entre los que incluye las encuestas de satisfacción y sistemas de comunicación telemática.
A esto suma las auditorías técnicas que hace la Agencia Pública de Educación, que suman más de 300 visitas anuales, que evalúan el cumplimiento del plan de limpieza, los protocolos higiénicos y las condiciones de los menús, abriéndose expedientes sancionadores cuando se detectan incumplimientos.